Alejandro Cantaro, que había renunciado a su cargo en agosto de 2023, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca. También recibió una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos.
El exfiscal general de Bahía Blanca Alejandro Salvador Cantaro fue condenado a la pena de seis años de prisión por encubrir y facilitar las operaciones de una banda narco que operaba en esa región entre los años 2017 y 2018. La organización, dedicada al tráfico de drogas, estaba integrada por uno de sus sobrinos, lo que agravó aún más la situación del exfuncionario judicial que renunció a su cargo en agosto de 2023.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Federal de Bahía Blanca, que integran Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco. Para los jueces, Cantaro fue partícipe primario del delito de comercio de estupefacientes agravado por su condición de funcionario público. Además de la pena de prisión, se le impuso una multa y la inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos durante una década.
Aunque el tribunal ordenó su detención, Cantaro seguirá en libertad hasta que la sentencia quede firme.
El caso había tenido un giro inesperado: en 2023 el ex fiscal fue absuelto, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó un nuevo juicio, tras aceptar el recurso de la fiscalía. La Corte Suprema, en junio de este año, dejó firme la resolución que permitió reabrir el proceso.
La investigación determinó que, durante más de un año, el exfiscal omitió medidas claves como la intervención de líneas telefónicas, pese a las pruebas que vinculaban directamente a su sobrino y a otros miembros de la organización con el narcotráfico. Según el tribunal, también les brindó información para evitar ser detectados y, en el caso de su principal protegido, incluso la posibilidad de fugarse a Córdoba.
Los jueces remarcaron que, por su rol como fiscal general y coordinador de delitos complejos, Cantaro contaba con la confianza y responsabilidad máxima en la jurisdicción. Consideraron que usó ese poder para beneficiar a una red criminal, lo que representó una “grave traición institucional” que atenta contra la credibilidad del sistema judicial.
