Una rosarina de 33 años había solicitado que el Registro Civil modifique su estado de “divorciada” a “soltera”, alegando un profundo malestar emocional. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó la negativa y sostuvo que no existe sustento jurídico para retroceder en el estado civil.
La Justicia de Rosario volvió a rechazar el pedido de Marcela Ramírez, una mujer de 33 años que buscaba recuperar su estado civil de “soltera” pese a haber contraído matrimonio y luego divorciarse.
La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por Juan Pablo Cifré, Iván Kvasina y Ariel Ariza, ratificó la resolución de primera instancia y consideró improcedente su reclamo, al remarcar que “quien se casa ya no puede volver a ser considerado soltero”.
La joven había presentado su solicitud en 2023, luego de un divorcio de común acuerdo. Según explicó, el rótulo de “divorciada” le genera un peso social y emocional difícil de sobrellevar, al punto de sentirlo como una “carga permanente”.
“El estado civil es una carta de presentación. Quiero sacarme de raíz la etiqueta de divorciada”, había dicho en diálogo con Página 12. Incluso llegó a plantear que impulsaría un proyecto de ley para habilitar este tipo de cambios.
En su presentación, Ramírez habló de una suerte de “disforia civil”, comparando su situación con otros cambios reconocidos por la legislación, como el de nombre o identidad de género. Su abogada, Tamara Altamirano, insistió en que el sistema jurídico resulta contradictorio: “Si es posible modificar el nombre o el sexo registral, debería contemplarse también la posibilidad de que alguien no quiera cargar con un estado civil que lo afecta psicológicamente”.
Sin embargo, los camaristas no compartieron esa postura. En su voto remarcaron que el estado civil no es una etiqueta opcional sino una consecuencia jurídica del matrimonio: casarse excluye la posibilidad de volver a figurar como soltero. Además, indicaron que no se probó que la situación actual implique una violación de derechos constitucionales, por lo que descartaron la existencia de un agravio legal.
Marcela relató que tras la separación -ocurrida apenas un año después de su casamiento- sufrió una fuerte presión social. Contó que ser presentada como “divorciada” en ámbitos familiares, laborales o afectivos derivaba en preguntas incómodas y miradas prejuiciosas. Para ella, ese rótulo terminó por condicionar nuevas relaciones e incluso su vida cotidiana.
