La fiscal federal Fabiana León reclamó condenar a cuatro años y ocho meses de prisión a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo en el tramo final de un juicio oral por presuntos delitos con la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL).
Se trata de un juicio oral que lleva adelante el mismo tribunal que desde el 6 de noviembre juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner en el caso Cuadernos.
Al igual que lo previsto para este futuro debate, el juicio por la compra de GNL se realiza en su totalidad de manera virtual. Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori escucharon por Zoom este martes el alegato de la fiscal León.
Tanto De Vido como otro de los acusados, Roberto Baratta, también irán a juicio ante el mismo Tribunal Oral desde noviembre, en la megacausa Cuadernos.
De Vido, por su parte, fue juzgado junto a Cristina Kirchner en la causa Vialidad pero en su caso resultó absuelto, una decisión que dejó firme la Corte Suprema de Justicia. La ex presidenta cumple condena a seis años de prisión.
Qué penas pide la fiscalía
Ahora la fiscalía reclama cuatro años y ocho meses de cárcel para De Vido, ex ministro de Planificación Federal y cuatro años y seis meses para Baratta, ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de ese Ministerio, por presuntas irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009.
Ambos exfuncionarios fueron acusados como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En la misma línea, la fiscal reclamó una pena de cuatro años de prisión para Nicolás Dromi San Martino, director ejecutivo de la firma Diligentia S.A. e hijo del fallecido ex ministro menemista Roberto Dromi, a quien consideró partícipe necesario del plan defraudatorio. Según la acusación, Dromi percibió comisiones y honorarios “espurios” por su rol de intermediario en las compras.
“Pagos arbitrarios e innecesarios”
En su alegato, León sostuvo que existió una maniobra “funcionalmente coordinada” para desviar fondos públicos, a través de pagos “contrarios al interés público, arbitrarios e innecesarios”, en beneficio de tres intermediarias: Diligentia, Dysan e YPF.
Las operaciones se realizaron en el marco del Programa Energía Total (PET), creado en 2007 por el gobierno de Néstor Kirchner y ampliado en 2008 durante la gestión de Cristina Kirchner, para garantizar el abastecimiento energético en un contexto de déficit de producción local y caída de exportaciones a Chile, Brasil y Uruguay.
Para implementar el programa se había constituido una Unidad Ejecutora bajo la órbita de Baratta y una Unidad de Gestión Técnico-Operativa a cargo de Enarsa, con financiamiento de partidas del Ministerio de Planificación y fondos del Tesoro Nacional.
Irregularidades señaladas
La fiscalía remarcó tres puntos centrales que configurarían la maniobra fraudulenta:
- Ausencia de licitación pública o competencia real en la contratación.
- Delegación irregular de la gestión operativa: Enarsa se limitó a actuar como intermediaria pasiva, cuando debía realizar directamente las compras.
- Omisión de un reglamento interno de contrataciones, considerado por la fiscalía “el centro del mecanismo fraudulento”.
Esta última falencia fue atribuida directamente a la falta de control de De Vido y Baratta, a quienes se les reprochó no haber cumplido con su deber legal de supervisar y corregir las irregularidades en la gestión.
Antecedentes de la causa
El caso se originó en denuncias presentadas en 2008 por los entonces diputados del PRO Patricia Bullrich, Laura Alonso y Fernando Pinedo, además de dirigentes sociales como Juan Ricardo Mussa y Fernando Martín Blanco Muiño.
De aquella megacausa quedó en pie un tramo residual que llegó a juicio oral focalizado en las 11 operaciones con presunta intermediación irregular.
Los montos cuestionados
De acuerdo con la fiscalía:
- Seis cargamentos fueron gestionados por YPF S.A. y comprados a Repsol Comercializadora de Gas S.A., por 267.935.139,33 dólares.
- Cinco cargamentos fueron adquiridos a través de Diligentia y Dysan (de los Dromi), en operaciones con Gas Natural y Morgan Stanley, por 112.475.792,35 dólares.
En total, se investiga un perjuicio estimado en 5.523.345 dólares, cifra que la fiscal pidió que sea restituida de forma solidaria y actualizada por los acusados.
El TOF 7 deberá ahora escuchar a las defensas antes de emitir su veredicto.
