La Comisión de Administración y Financiera del organismo aprobó nuevas medidas de gestión y confirmó un acuerdo con el Gobierno porteño para resolver un reclamo histórico de la comunidad educativa del Polo Mugica.
Este miércoles se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por Sebastián Amerio, con la asistencia del secretario Fernando Álvarez y del administrador General del Poder Judicial, Alexis Varady. Estuvieron presentes los consejeros Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, César Grau, Alberto Lugones, Alejandra Provítola, Mariano Recalde, Rodolfo Tailhade, Guillermo Tamarit y Eduardo Vischi.
Gestión administrativa y sanciones disciplinarias
En la apertura se presentaron los informes de la Presidencia, la Administración General y la Secretaría de la Comisión. Amerio destacó la optimización de recursos en las nuevas licitaciones de servicios de limpieza, con pliegos más ajustados a las necesidades reales. Además, informó que en sus primeros cuatro meses de gestión se tramitaron expedientes disciplinarios y se impusieron ocho sanciones a agentes del Consejo.
Por su parte, Varady informó sobre la presentación del presupuesto 2025, ajustado a los límites fijados por el Poder Ejecutivo. También destacó la finalización de la obra del Tribunal Oral Federal N.º 3 de Rosario, que permitió liberar espacio para el Tribunal Oral Federal N.º 2, y detalló avances en locaciones para juzgados de Lomas de Zamora, San Francisco, Bahía Blanca y Jujuy.
El conflicto con la Escuela Infantil Nº 5 y la Primaria Nº 25
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la situación de la calle Letonia, lindante a los tribunales de Comodoro Py, donde desde 2019 se arrastra un conflicto con la Escuela Infantil Nº 5 y la Primaria Nº 25 “Bandera Argentina”, pertenecientes al Polo Educativo Mugica.
El reclamo de los padres comenzó por la instalación de una reja en la vereda que, según denunciaron, impedía el acceso de transporte escolar y servicios de emergencia. Aunque estudios técnicos confirmaron que el espacio pertenece al Poder Judicial, la controversia derivó en amparos judiciales, medidas cautelares y sucesivos planes de contingencia para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
En 2024, el caso pasó al fuero contencioso administrativo federal, que citó a una audiencia con todos los actores involucrados. Allí, la Cámara Federal de Casación respaldó las medidas propuestas por la Dirección General de Infraestructura Judicial (DGIJ) e instó a garantizar la seguridad de alumnos, docentes, magistrados y público en general.
Un acuerdo con la Ciudad para poner fin a la disputa
Durante la reunión de la Comisión, Varady informó que el 14 de agosto se concretó un encuentro técnico con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano, en el que se alcanzaron definiciones clave:
- Financiamiento total: el Gobierno porteño asumirá el 100% de los costos de las obras necesarias.
- Vereda prioritaria para peatones: la actual vereda sobre la calle Letonia se transformará en una vía de prioridad peatonal, aunque con acceso vehicular limitado a casos estrictamente necesarios.
- Compromiso urbano: la solución se enmarca en la política de “prioridad peatón” impulsada por la Ciudad, destinada a mejorar la seguridad y accesibilidad en espacios públicos.
Tras casi seis años de litigios y tensiones entre el Poder Judicial de la Nación y la comunidad educativa del Polo Mugica, el Consejo de la Magistratura parece encaminar la resolución definitiva del conflicto.
