La cita se programó para el próximo 11 de septiembre. Ese día los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña escucharán a la defensa de la condenada ex presidenta Cristina Kirchner que cuestiona la actualización del decomiso multimillonario en el caso Vialidad.
Audiencia clave e inminente decisión
Casación citó a audiencia para el próximo 11 de septiembre con el objetivo de revisar la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que actualizó el monto del decomiso impuesto a Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, tras quedar firme en junio y en condición de ejecutarse las penas impuestas a todos los acusados en un juicio oral en 2022.
En el caso de la ex Presidenta cumple seis años de prisión por administración fraudulenta bajo arresto domiciliario, con tobillera electrónica en su departamento del barrio porteño de Constitución.
El presidente de la Sala IV de Casación, Mariano Hernán Borinsky, junto a los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, convocó a las partes para que informen sobre la controversia en torno al cálculo.
La defensa de la expresidenta cuestiona el índice de actualización aplicado por el TOF 2 para llevar el monto inicial de 84.835.227.378,04 pesos -fijado en el veredicto condenatorio del 6 de diciembre de 2022– a la cifra actualizada de 684.990.350.139,86 pesos, equivalente a casi 600 millones de dólares.
El tribunal oral había establecido en la sentencia que el decomiso debía ajustarse mediante organismos técnicos al momento en que el fallo quedara firme. Esa condición se cumplió el pasado 17 de junio, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó y dejó firme la condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner.
Tras la audiencia del 11 de septiembre, la Sala IV tendrá un plazo de cinco días hábiles para resolver el planteo que busca invalidar lo resuelto por el Tribunal que juzgó a Cristina Kirchner y los demás condenados entre ellos el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez.
Si Casación confirma lo decidido por el Tribunal, seguirá adelante el decomiso basándose en ese multimillonario importe calculado por peritos de la Corte Suprema de la Nación con base en el Índice de Precios al Consumidor. A la defensa le quedará intentar llegar a la Corte Suprema.
Ejecución de bienes en marcha
Mientras tanto, el Tribunal Oral resolvió seguir adelante con los pasos para iniciar la ejecución de bienes, vencido el plazo que dio a los condenados para depositar esa suma de manera solidaria en una cuenta bancaria, sin haber obtenido resultados.
La defensa interpuso un recurso de casación contra esa decisión, alegando que la conversión de una estimación provisoria en un monto definitivo le impidió controvertir la actualización, vulnerando el derecho de defensa, el principio del juez natural y el derecho de propiedad. También cuestionó la falta de fundamentación sobre el método de actualización elegido y denunció un trato desigual y arbitrario respecto de otros casos.
No obstante, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron todos los planteos de nulidad, concedieron la apelación ante Casación en lo vinculado a la actualización del decomiso, pero dejaron claro que el recurso no tiene efecto suspensivo.
Mientras llega la audiencia en Casación, el Tribunal Oral avanza en la ejecución de bienes y dinero.
Para los jueces resultó “imperativo recordar” que la causa Vialidad transita ya su etapa de ejecución porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme todo lo decidido en el juicio oral que tuvo sentencia el 6 de diciembre de 2022.
Ello incluye el monto fijado para el decomiso, que tuvo carácter “provisorio” porque quedó sujeto a una posterior actualización “en virtud del proceso inflacionario que hace años atraviesa el país”. La defensa de la ex Presidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, postula que este carácter provisorio del monto fijado debía entenderse como “ilustrativo” y que esa suma inicial podía revisarse.
La ex Presidenta pretendía lograr “la suspensión de todas las actividades patrimoniales ejecutivas” vinculadas al decomiso por ausencia de sentencia firme judicial sobre el monto definitivo y actualizado.
Su defensa ya anticipó que, además de acudir a la Cámara de Casación, hará reserva de plantear el caso ante la Corte Suprema y organismos internacionales de derechos humanos.
En Tribunales repiten que la ejecución de este multimillonario decomiso se trata de un hecho inédito en una condena por delitos vinculados a la corrupción pública, por su magnitud y la cantidad de propiedades de todo tipo y dinero en juego que deberá ahora rastrearse en Comodoro Py 2002.
