El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la FACA y la AABA cuestionaron la reiterada declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios por parte del juez Carlos Goggi y marcaron que no se trata de censurar fallos, sino de sancionar prácticas que afectan la seguridad jurídica y lesionan la profesión.
Tras las manifestaciones públicas de distintas asociaciones y colectivos de magistrados y abogados en rechazo a la citación del juez nacional en lo Civil Carlos Goggi, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) emitieron un comunicado conjunto para precisar el alcance de la medida adoptada por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
Los firmantes aclararon que no se está evaluando el contenido de las sentencias de Goggi ni el ejercicio de su función jurisdiccional, sino “su reiterada conducta de insistir porfiadamente en la inconstitucionalidad de la Ley 27.423” -la norma de honorarios profesionales- cuando este criterio ya fue dejado de lado en múltiples ocasiones por tribunales superiores.
Según el texto, al actuar de oficio en este sentido se genera “un dispendio innecesario de la actividad jurisdiccional, se dilatan los procesos y se perjudica tanto a los justiciables como a los profesionales intervinientes”. Para los representantes de la abogacía, nada impide que un magistrado deje a salvo su opinión personal, pero debe acatar lo resuelto pacíficamente por la alzada.
El trasfondo: independencia judicial y honorarios
El debate sobre la citación a Goggi viene polarizando posiciones en el ámbito judicial. Mientras que distintas entidades -como la Red Mujeres para la Justicia y listas que representan a magistrados y funcionarios- denunciaron un intento de disciplinar el criterio jurisdiccional de un juez, el pronunciamiento de los colegios profesionales enfatiza que la independencia judicial no debe confundirse con la tolerancia frente a prácticas que entorpecen los procesos.
En ese marco, las instituciones firmantes reafirmaron su compromiso con la defensa del derecho de los abogados y abogadas a percibir honorarios justos conforme a la ley, y alertaron sobre una práctica que, según denunciaron, “perfora reiteradamente los mínimos legales previstos por la normativa arancelaria”. Esa conducta, advirtieron, constituye un incumplimiento legal que afecta la dignidad profesional, compromete la seguridad jurídica y debilita el normal desenvolvimiento de la justicia.
Una tensión en aumento
Como viene señalando Quorum, la controversia expone una tensión creciente entre dos valores que el sistema judicial debe armonizar: por un lado, la independencia de los jueces, que exige resguardar la libertad de criterio en la interpretación de la ley; por otro, la obligación de cumplir con la normativa vigente y las decisiones de instancias superiores, evitando conductas que dilaten los procesos, generen incertidumbre y afecten la confianza ciudadana en la administración de justicia.
