El máximo tribunal penal federal del país otorgó la prisión domiciliaria a Raúl Pavesi, uno de los condenados en la causa Vialidad por razones de salud y humanitarias. Para septiembre tiene programada una audiencia por planteos de la también condenada ex presidenta Cristina Kirchner.
La decisión fue de la sala IV de Casación, la misma que convocó a una audiencia el 11 de septiembre próximo para escuchar argumentos de la defensa de Cristina Kirchner, quien se niega a pagar el multimillonario decomiso establecido en el caso y sostiene que la cifra es mucho menor.
Decisión revocada
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, resolvió conceder la prisión domiciliaria a Raúl Gilberto Pavesi, ex director de Vialidad Santa Cruz condenado a cuatro años y seis meses de prisión y detenido desde junio pasado en la cárcel de Ezeiza
La defensa llegó hasta ese tribunal luego de serle rechazado el pedido por parte del Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio y ahora es encargado de la ejecución de las condenas por administración fraudulenta, que están firmes.
Pavesi solicitó que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria en virtud de su edad —74 años— y del delicado estado de salud que atraviesa, acreditado con múltiples patologías, entre ellas diabetes, hipertensión arterial, síndrome de apnea obstructiva del sueño que requiere el uso permanente de un dispositivo CPAP —lo que lo torna electrodependiente—, así como un trastorno neurocognitivo.
La defensa destacó además que, durante su permanencia en prisión, se produjeron episodios que afectaron directamente su integridad física y psíquica, entre ellos agresiones por parte de otro interno. Señaló que el complejo penitenciario no reúne las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de sus tratamientos ni la seguridad indispensable para su estado clínico.
La Cámara Federal de Casación Penal tuvo en cuenta la totalidad de las constancias médicas y socio-ambientales aportadas, así como las circunstancias actuales vinculadas al complejo (Unidad 19 del SPF) y delicado estado de salud de Pavesi y consideró que correspondía otorgar el beneficio solicitado.
En definitiva, por unanimidad, resolvió que Pavesi cumpla su pena en la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Cita para el 11 de septiembre
Casación citó a audiencia para el próximo 11 de septiembre con el objetivo de revisar la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que actualizó el monto del decomiso impuesto a Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, tras quedar firme en junio y en condición de ejecutarse las penas impuestas a todos los acusados en un juicio oral en 2022.
En el caso de la ex Presidenta cumple seis años de prisión por administración fraudulenta bajo arresto domiciliario, con tobillera electrónica en su departamento del barrio porteño de Constitución.
El presidente de la Sala IV de Casación, Borinsky , junto a los jueces Hornos y Barroetaveña, convocó a las partes para que informen sobre la controversia en torno al cálculo.
La defensa de la expresidenta cuestiona el índice de actualización aplicado por el TOF 2 para llevar el monto inicial de 84.835.227.378,04 pesos -fijado en el veredicto condenatorio del 6 de diciembre de 2022– a la cifra actualizada de 684.990.350.139,86 pesos, equivalente a casi 600 millones de dólares.
El tribunal oral había establecido en la sentencia que el decomiso debía ajustarse mediante organismos técnicos al momento en que el fallo quedara firme. Esa condición se cumplió el pasado 17 de junio, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó y dejó firme la condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner.
Tras la audiencia del 11 de septiembre, la Sala IV tendrá un plazo de cinco días hábiles para resolver el planteo que busca invalidar lo resuelto por el Tribunal que juzgó a Cristina Kirchner y los demás condenados entre ellos el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez.
Si Casación confirma lo decidido por el Tribunal, seguirá adelante el decomiso basándose en ese multimillonario importe calculado por peritos de la Corte Suprema de la Nación con base en el Índice de Precios al Consumidor. A la defensa le quedará intentar llegar a la Corte Suprema.
Mientras tanto, el Tribunal Oral resolvió seguir adelante con los pasos para iniciar la ejecución de bienes, vencido el plazo que dio a los condenados para depositar esa suma de manera solidaria en una cuenta bancaria, sin haber obtenido resultados.
