Los dueños de la droguería Suizo Argentina presentaron un extenso escrito en busca de la nulidad total de la investigación basado en la ilegalidad de los audios atribuidos al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo: una estrategia que abre el camino a que la causa comience a ser revisada por otros magistrados.
Como contrapartida, el juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al jefe de Seguridad de Nordelta Angel De Vicentis, por intentar encubrir a Jonathan Kovalivker el día del procedimiento en ese barrio privado para secuestrar sus teléfonos celulares.
Se lo acusa por “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento” con un embargo de dos millones de pesos. Además, el juez se declaró incompetente para seguir interviniendo en el caso por razón de territorio y envió el expediente al juzgado federal con jurisdicción en Nordelta.
Los planteos de los Kovalivker
Todo esto ocurre a poco de un planteo de nulidad absoluta de la investigación por los audios de ANDIS que tramita en el juzgado federal 11 subrogado por Casanello y que está delegada en la fiscalía de Franco Picardi.
El juez tendrá que resolver sobre el planteo del abogado de los Kovalivker, Martín Magran. Tanto si acepta como si rechaza el reclamo de nulidad, se descuenta que habrá una apelación y la revisión llegará a la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires.
La causa podría quedar bajo revisión de alguna de sus dos salas, integrada por tres jueces cada una: la Sala I por los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia o la Sala II conformada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
Los dueños de la droguería Suizo Argentina reclamaron la “nulidad absoluta” de la investigación por supuesto pago de sobornos abierta basándose en audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
Caza de brujas
Denuncian “caza de brujas” y que las grabaciones están adulteradas y se obtuvieron de manera ilegal El defensor de los dos hermanos Emannuel y Jonathan y del padre de ambos Eduardo Kovalivker presentó el escrito en la tarde del viernes último, en la misma jornada en la cual hubo otro allanamiento a la sede de la empresa en el barrio porteño de Belgrano y se encontraron con resistencias para permitir acceso a servidores informáticos.
El escrito sostiene que:
Hay una “una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”.
La pesquisa se lleva con “oscurantismo” en “una insólita expedición de pesca que se ha manifestado en múltiples allanamientos, secuestros de objetos personales, requisas, extracción de información de dispositivos móviles privados (…) en suma, un verdadero proceso que recuerda más bien a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas”.
“Se trata, pues, de una nulidad de carácter absoluto, en tanto el acto viciado viola un derecho constitucional expresamente consagrado –concretamente el derecho a la intimidad previsto en el art. 18 de la CN y en las convenciones sobre derechos humanos con jerarquía constitucional– y, por tanto, puede y debe ser declarado nulo aún de oficio en cualquier estado del proceso”.
Sobre los audios:
- “La justicia no puede aprovecharse de ningún acto contrario a la ley para hacer cumplir la ley, sin incurrir en una contradicción fundamental”.
- “No es posible, por lo tanto, conceder ningún valor a semejante prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe, o no sea tomado en serio; o salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o simplemente personal”.
- “La forma en que estos actuados han tenido impulso desde su inicio, constituye una flagrante violación a los derechos de mis clientes, fulminando de nulidad absoluta todo el desenlace posterior”.
- “Admitir semejante prueba sería decir adiós a la intimidad de las conversaciones privadas, abriendo la puerta a la práctica masiva del chantaje”.
- “La lucha contra la criminalidad no puede llevarse a cabo a toda costa o a cualquier precio, con desprecio o merma de derechos fundamentales cuya salvaguarda constituye la esencia del Estado de derecho”.
Reputación y perjuicio
También la defensa advierte que se ha “causado un inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.
La Justicia ordenó ya levantar el secreto bancario y fiscal sobre los Kovalivker, los hermanos Jonathan y Emmanuel y el padre Eduardo.
Los investigadores buscan prueba de manera independiente a los audios, medio centenar de grabaciones que ya están en poder del fiscal Picardi. Se intenta determinar si hubo pago de sobornos y/o sobreprecios además de un posible direccionamiento en la compra de medicamentos para discapacidad por parte de ANDIS.
En el procedimiento en la casa de Jonathan Kovalivker se encontraron caja fuertes abiertas y el empresario se fue del lugar en su automóvil poco antes del ingreso policial. Se presentó días después en Comodoro Py 2002 con Magram para entregar su celular, apagado y sin proporcionar la clave de acceso.
En el caso de su hermano Emmanuel la policía lo localizó en su vehículo con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en el asiento trasero.
