La Justicia advierte que en ese complejo de barrios privados habría una manera de actuar ante procedimientos judiciales con el presunto fin de obstaculizar lo más posible la tarea de los investigadores, que se evidenció entre el 21 y el 22 de agosto, cuando se ordenó buscar los celulares de los accionistas de la droguería Suizo Argentina.
“Creen estar en Fuerte Apache, se confunden”
El juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis y lo embargó por dos millones de pesos. Lo acusa por tres supuestos delitos: desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento.
Entre las evidencias destacadas en la resolución judicial se alude mensajes que el acusado envió a través del grupo de WhatsApp que tiene con los supervisores de seguridad del complejo de barrios. Ocurrió al día siguiente del operativo fallido en el que se retiró del lugar en su auto Jonathan Kovalivker, el accionista de la droguería Suizo Argentina, sin que se pudiera en ese momento secuestrar su teléfono celular.
“Si se presenta una fuerza de seguridad y está requiriendo información de vecinos, si tienen que realizar un allanamiento con
la orden respectiva que lo hagan y con sus propios técnicos, para que busquen la información. Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”, escribió De Vicentis.
Y agregó: “Si la Fiscalía o la policía no sabe trabajar o no nos contacta previamente para coordinarnos a saneamientos las diligencias judiciales como la que realizaron y creen estar un fuerte apache o en algún otro lugar parecido, se confunden”.
En el marco de ese mensaje, emitió un reto: “Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere ningún personal que no corresponda al área legal, está autorizado a facilitar información sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos. Para mí, esto estaba más que entendido, y no había necesidad de repetirlo, pero parece que sí”.
Medianoche agitada en Nordelta
Esta fue la secuencia según la reconstrucción judicial:
El comisario encargado del operativo llegó con la orden judicial firmada a la garita y pidió colaboración para identificar el lote buscado.
Momentos después, el vigilador que estaba en el lugar “recibió una llamada de quien se identificó como supervisor de seguridad del barrio, quien le exigió explicaciones acerca de los motivos de la presencia policial y el contenido de la diligencia en curso”.
Durante el intercambio, el comisario a cargo, perteneciente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, interrumpió la conversación para evitar que se diera información “sensible” que pudiera afectar el éxito de la medida y según declaró bajo juramento de verdad, advirtió “ofuscación del otro lado de la línea”.
A las 00:42 horas del día 22 de agosto, el guardia atendió otra llamada, “por lo que le recordó que no podía entablar comunicaciones, y este último le manifestó que era su jefe, quien lo estaba llamando continuamente. En el transcurso de la comunicación efectuada, el vigilador le manifestó que estaban buscando a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, por lo que inmediatamente el personal policial le quitó el teléfono y cortó la llamada”.
“Resta mencionar que a las 00.45 horas de esa misma fecha, egresó del barrio en cuestión, un vehículo marca ‘Audi’, modelo ‘S3’, dominio AB-570 -LU, conducido por Jonathan Kovalivker”.
Llamando al 911
“De seguido, se hicieron presentes cuatro patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, convocados a requerimiento del área de seguridad de Nordelta, bajo la falsa invocación de que ‘personas no identificadas pretendían realizar un procedimiento sin orden judicial’”.
Habían llamado al 911.
Una vez constatada la legalidad de la actuación policial, las unidades se retiraron.
Cuando por fin los investigadores llegaron a la casa del empresario, encontraron rastros de que sus ocupantes fueron puestos sobre aviso, agrega la resolución de Casanello. En el expediente hay fotos de cajas fuertes abiertas con dólares desparramados de manera desprolija y bandas elásticas tiradas en el piso.
Todas estas circunstancias “entorpecieron el accionar de la comitiva policial, al haberse frustrado el cumplimiento de la orden de requisa personal que pesaba sobre Jonathan Kovalivker, y la obtención de elementos probatorios que podrían haber resultado de interés para la investigación, en atención a las resultas del registro domiciliario practicado en su domicilio del que fue indebidamente
alertado…”, concluyó el juez Casanello al dictar el procesamiento.
