Una jueza de Paz de Río Negro dispuso la prohibición de acercamiento recíproca, la asistencia psicológica obligatoria y la implementación en la escuela de protocolos y capacitaciones para prevenir situaciones de acoso.
Un caso de bullying entre dos alumnas de una escuela de Río Negro escaló tanto que sus familias terminaron enfrentadas a muerte al punto que una de las madres intentó -tres veces- a atropellar con su auto a la otra. A raíz de ello, el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción de Sierra Grande, a cargo de la jueza Carola Suárez, adoptó una serie de medidas preventivas y cautelares para frenar el espiral de violencia.
La denuncia fue presentada el 18 de agosto por la madre de una de las niñas, quien aseguró que su hija era víctima de bullying y que la situación se había agravado con actitudes intimidatorias. “Estoy cansada de esta situación que esta mujer los difame y que traslade el problema a nuestros hijos”, manifestó en la audiencia. La madre de la otra niña, por su parte, sostuvo que su hija también sufría hostigamiento y que había sido increpada en la vía pública.
Frente a este escenario, el tribunal resolvió que tanto las madres como sus hijas reciban asistencia psicológica “a fin de prevenir revictimización, reparar daños emocionales y garantizar el derecho a la salud integral”. Además, se estableció la prohibición de acercamiento recíproca a menos de 200 metros, tanto en domicilios como en lugares de trabajo y permanencia habitual.
El fallo también puso especial énfasis en la responsabilidad de la escuela N° 360 de Playas Doradas, donde asisten las niñas. La directora y la supervisora del Nivel Primario deberán garantizar un ámbito “libre de violencia física, psicológica y simbólica”, incorporar capacitaciones obligatorias en perspectiva de género y derechos de la niñez, y elaborar o revisar normas de convivencia con enfoque en infancia. Asimismo, se dispuso que el establecimiento implemente protocolos específicos de intervención ante casos de acoso escolar.
En principio, las medidas tendrán una vigencia inicial de 90 días, prorrogables en caso de persistir el riesgo. La jueza también advirtió que el incumplimiento podría acarrear sanciones previstas en la Ley 5592, que van desde amonestaciones y trabajo comunitario hasta multas o arresto.
