Septiembre será un mes decisivo para causas emblemáticas por corrupción. En Comodoro Py la Cámara Federal de Casación Penal hará una audiencia clave para la discusión sobre la imprescriptibilidad en el caso IBM–DGI y otra por la controversia en torno a la actualización del multimillonario decomiso en la causa Vialidad.
Por su parte, en sendas audiencias se discutirá en el ámbito del Tribunal Oral Federal 7 que prepara el juicio del caso Cuadernos si empresarios y ex funcionarios procesados pueden evitar llegar al banquillo mediante una reparación económica y además, cómo se organizará el megajuicio que tiene como acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner con fecha de inicio el 6 de noviembre.
IBM Banco Nación
El caso investiga las contrataciones directas por más de 500 millones de pesos/dólares en la década del ’90, cuando la Dirección General de Impuestos adjudicó a IBM la informatización del organismo sin licitación, en 1994. Se imputan sobreprecios y supuestos pagos de coimas camufladas a través de subcontratistas, como Consad y Segurex.
Los acusados son ex funcionarios de la DGI y ex directivos de IBM, entre ellos Ricardo Cossio (ex titular de la DGI) y Ricardo Martorana (ex presidente de IBM Argentina).
Por orden de la Corte Suprema de Justicia, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal volverá a pronunciarse sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo citaron a una audiencia el 11 de septiembre a las 11:30 hs y luego tendrán cinco días hábiles para resolver.
Casación revocó la prescripción que había resuelto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 en un juicio. El máximo tribunal penal federal del país declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. El caso llegó a la Corte que dispuso dictar un nuevo fallo.
Se debate la prescripción de la acción penal contra Ricardo Cossio, ex director general de la DGI; Daniel Hurrell, ex asesor de la DGI; Francisco Figueira; Ricardo Martorana, ex presidente de IBM Argentina; Gustavo Soriani, ex vicepresidente de la empresa y otros acusados.
Se habría adjudicado en abril de 1994 a IBM la informatización del organismo sin llevar adelante una licitación o compulsa de precios. Todo se llevó adelante con dos contrataciones directas en el área informática, donde se habrían pagado sobreprecios en perjuicio del Estado. Las adjudicaciones fueron por montos de 425.088.000 pesos y de 88.547.000 pesos.
Según estableció durante la investigación la Oficina Anticorrupción, las contrataciones fueron posibles gracias al decreto 507/93, del entonces presidente Carlos Menem, que habilitó a la DGI a hacer este tipo de compras. Además, IBM habría subcontratado a las empresas Consad y Segurex. Ambas habrían incurrido en contabilidad apócrifa para justificar pagos por un valor de al menos 4.700.000 pesos por servicios que nunca se probó que hayan sido prestados.
Cuadernos: empresarios buscan reparar para evitar el juicio
El 12 de septiembre a las 9:30 hs, en una audiencia clave, más de 30 imputados en la causa Cuadernos se presentarán ante el Tribunal Oral Federal 7 y la fiscal Fabiana León para ofrecer fórmulas de “reparación integral” que les permitan extinguir la acción penal y evitar el debate oral.
La figura, prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, habilita a los acusados a compensar económicamente al Estado sin reconocer culpabilidad. La fiscal deberá dictaminar sobre cada propuesta y se dará vista también a la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente.
El juicio oral igualmente sigue en marcha: el 24 de septiembre está prevista otra audiencia para organización del debate, con fecha de inicio fijada para el 6 de noviembre. En el banquillo estará la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho, junto a ex funcionarios y empresarios de primera línea.
Vialidad: Cristina Kirchner pelea el decomiso multimillonario
También el 11 de septiembre, pero en otra audiencia de la Sala IV de Casación, los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña escucharán a la defensa de Cristina Kirchner, que cuestiona la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad.
El monto pasó de 84.835 millones de pesos fijados en la condena de diciembre de 2022 a casi 685.000 millones de pesos (unos 600 millones de dólares) según el cálculo del Tribunal Oral Federal 2, con base en peritajes de la Corte Suprema y el Índice de Precios al Consumidor.
La defensa de la ex Presidenta -condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta- sostiene que el método de actualización vulneró el derecho de defensa y busca suspender la ejecución de bienes. Si Casación confirma lo decidido por el TOF 2, avanzará la ejecución sobre propiedades y fondos de todos los condenados, incluido el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López.
En apenas dos semanas habrá definiciones judiciales que atraviesan tres décadas de historia política: desde el menemismo con el caso IBM–DGI, pasando por el kirchnerismo con Cuadernos y Vialidad.
La suma de audiencias convierte a septiembre en un mes clave para la justicia federal y, sobre todo, para la discusión sobre corrupción estructural en la Argentina.