La Cámara Federal de Casación Penal, en una resolución dictada de forma unipersonal por el juez Mariano Borinsky, confirmó una condena a cuatro años y dos meses de prisión y una multa de más de cuatro millones de pesos a un detenido por transporte de estupefacientes, apenas 24 horas después de la audiencia de impugnación prevista en el nuevo sistema acusatorio.
El condenado Renato Gastón Burgos quedó con una pena de cuatro años y dos meses de prisión y una multa de 45 unidades fijas (equivalentes a 4.455.000 pesos) por el delito de transporte de estupefacientes.
La decisión se tomó apenas 24 horas después de la audiencia de impugnación ante Casación, en el marco del proceso bajo el Código Procesal Penal Federal (CPPF).
Condena en Salta
La impugnación, presentada por la defensa pública oficial del condenado, buscaba revertir la condena impuesta por el Tribunal Federal de Juicio 2 de Salta el pasado 11 de julio de 2025. Entre los argumentos de la defensa se encontraban la supuesta arbitrariedad de la sentencia, la errónea valoración probatoria y la desproporcionalidad de la pena.
La audiencia prevista en el artículo 362 del CPPF se llevó a cabo el 11 de septiembre último. Intervino el defensor oficial Hernán Pagano ante la Cámara Federal de Casación Penal en representación del acusado y el fiscal general Raúl Pleé.
Las partes formularon sus alegatos, réplicas y aclaraciones.
Al día siguiente, el juez Mariano Borinsky, tras analizar los fundamentos y los alegatos expuestos en la audiencia oral, rechazó la impugnación. En su resolución, se consideró acreditado que, en la madrugada del 18 de junio de 2023, Burgos fue aprehendido en las inmediaciones de Orán luego de descender de un vehículo que transportaba bultos, intentó huir y arrojó un paquete.
Este bulto contenía 13.756 gramos de marihuana, con una concentración de THC del 11% al 22%, capaz de producir 687.825 dosis umbrales.
Borinsky desestimó las objeciones de la defensa al considerar que los testimonios de los funcionarios policiales resultaron coherentes y no fueron debilitados.
También descartó la aplicación del beneficio de la duda, al entender que la prueba reunida acreditaba la responsabilidad del imputado con el grado de certeza exigido.
En cuanto a la pena de cuatro años y dos meses de prisión, se la consideró razonable por superar apenas el mínimo legal, valorando como agravante la cantidad de estupefaciente secuestrado y, como atenuantes, la juventud del acusado y la ausencia de antecedentes penales.
Acusatorio en Salta
Desde 2019, la Justicia Federal de Salta funciona bajo el nuevo sistema acusatorio. Se convirtió en la primera experiencia piloto del Código Procesal Penal Federal y en un espejo de lo que llegará a Comodoro Py desde el 10 de noviembre próximo.
La dinámica cambió: los fiscales dejaron de ser auxiliares y pasaron a conducir las investigaciones. Los jueces, en cambio, asumieron un papel de control y garantía, con la misión de intervenir en audiencias orales para resolver sobre la legalidad de las medidas, la prisión preventiva o la elevación a juicio.
Las audiencias se desarrollan en salas abiertas al público y con registro audiovisual. La oralidad sustituyó buena parte del trámite escrito que caracterizaba al sistema anterior.
Según datos de la Procuración General, en Salta se realizan más de 15 audiencias por día en promedio, la mayoría vinculadas con medidas cautelares, prisiones preventivas o planteos de la defensa. Los expedientes escritos se redujeron al mínimo y la información se concentra en registros audiovisuales.
En causas de narcotráfico -frecuentes en la frontera norte- se logró dar respuestas más rápidas, con decomisos inmediatos de bienes.
