Un supermercado despidió a un empleado acusado de llevarse productos sin pagar, pero la Justicia determinó que la prueba audiovisual presentada carecía de garantías técnicas que aseguraran su autenticidad. La empresa deberá indemnizar al trabajador.
El Juzgado Laboral N° 2 de Corrientes declaró injustificado el despido de un empleado de supermercado, luego de que la empresa presentara un video como prueba de que el trabajador se habría retirado con mercadería sin abonar.
Según el expediente, el hecho ocurrió el 9 de octubre de 2022, cuando B., identificado como empleado del comercio, habría colocado dos packs de cerveza en una bolsa y salido del local sin pagarlos. La empresa acompañó las imágenes con un acta notarial que certificaba la visualización y almacenamiento del video en un pendrive, argumentando que el trabajador había cometido una “injuria grave” que justificaba la pérdida de confianza y, por ende, el despido.
Sin embargo, el juez Héctor Rodrigo Orrantía señaló que la documentación presentada solo acreditaba que alguien había reproducido las imágenes en un momento determinado, pero no garantizaba la autenticidad, integridad ni inalterabilidad técnica del archivo audiovisual. “Sin la intervención de un especialista o un sistema de ‘hashing’ de los archivos, no se puede asegurar que el video no haya sido editado, recortado o manipulado”, explicó el magistrado en su fallo.
El juez recordó que, en los despidos con causa, la carga de la prueba recae sobre el empleador y debe demostrarse la injuria sin margen de duda. La identificación del empleado en el video había sido realizada únicamente por la apoderada de la empresa, sin verificación técnica independiente.
El magistrado citó doctrina especializada sobre la necesidad de mecanismos técnicos en pruebas electrónicas, señalando que un sistema de hashing genera una “cadena alfanumérica que identifica de manera inequívoca un documento, permitiendo detectar cualquier modificación en el archivo”.
Finalmente, Orrantía declaró injustificado el despido y condenó al supermercado a pagar más de 2,8 millones de pesos en indemnizaciones, intereses y agravamiento previsto por la Ley 25.323. La resolución destaca la importancia de garantizar la cadena de custodia digital en la presentación de pruebas electrónicas ante la Justicia.
