El abogado Marcelo Mazzeo acusó a ex funcionarios y empresarios por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La presentación incluye a la ex Presidenta, al actual Gobernador bonaerense y al senador radical, en el marco de la causa que investiga el proceso de vaciamiento patrimonial y financiero de la petrolera estatal.
El abogado Marcelo Mazzeo presentó una ampliación de la denuncia penal en la causa N° 3518/2006, en la que acusa a ex funcionarios de alto nivel y a empresarios privados de delitos graves como asociación ilícita agravada y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Entre los señalados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Martín Lousteau y otras figuras vinculadas al proceso de vaciamiento patrimonial y financiero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
El eje de la acusación
La denuncia sostiene que existió una maniobra planificada para desfinanciar a YPF, alterar su estructura societaria y, finalmente, omitir deliberadamente una Oferta Pública de Adquisición (OPA) durante la expropiación parcial impulsada en 2012. Como prueba central, los denunciantes mencionan la condena de 16.000 millones de dólares que la jueza Loretta Preska dictó en Nueva York contra el Estado argentino por esa omisión.
Puntos clave de la maniobra denunciada
Vaciamiento financiero previo a la expropiación (2008-2011):
- La denuncia sostiene que el plan comenzó con el ingreso del Grupo Petersen (familia Eskenazi) a la estructura accionaria de YPF. Se describe esta operación como “artificiosa”, ya que el grupo carecía de experiencia en el sector energético y no aportó capital propio.
- La compra fue financiada con préstamos garantizados por los futuros dividendos de la propia empresa, a través de una cláusula contractual (art. 7.3) que aseguraba el reparto del 90% de las utilidades.
- Esta política es calificada como “insostenible” y resultó en una “descapitalización deliberada” que dejó a YPF sin capacidad de inversión y en una situación de dependencia energética. El Estado Argentino, a pesar de tener poder de veto, convalidó sistemáticamente esta política.
Expropiación irregular y violación de Estatutos (2012):
- En abril de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la expropiación del 51% de YPF bajo el discurso de la “soberanía hidrocarburífera”.
- La denuncia acusa a los funcionarios de omitir deliberadamente la realización de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), un requisito exigido por el artículo 7° del estatuto de YPF al superar el 15% del capital accionario.
- Se cita como prueba del dolo (intencionalidad) una frase de Axel Kicillof, entonces Viceministro de Economía: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”. Esta declaración fue utilizada posteriormente por la justicia estadounidense como prueba de la intención de violar las normas.
Consecuencias y condena internacional:
Tras la expropiación, el Grupo Petersen quebró y sus derechos litigiosos fueron adquiridos por el fondo Burford Capital, que llevó la demanda a Nueva York. En 2023, la jueza Preska condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones, en lo que se describió como la sentencia más gravosa de la historia contra un Estado soberano en Estados Unidos.
Este fallo será revisado el próximo 29 de octubre. Ese día, la Cámara de Apelaciones escuchará los argumentos de las dos partes: el Estado nacional, que sostiene que la sentencia fue incorrecta, y el fondo Burford Capital, que considera que eximir a la empresa de responsabilidad fue un error. Mientras tanto, la causa continúa tramitándose en el tribunal de Preska. Burford avanzó con distintos pedidos para asegurarse el cobro, entre ellos quedarse con el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado, cuestión que también está bajo apelación. Además, impulsa que se determine si la petrolera y otras compañías estatales pueden ser consideradas “alter ego” de la Argentina, lo que habilitaría a ejecutar sus bienes.
La empresa intentó frenar esa instancia del discovery alegando cosa juzgada, pero Preska rechazó el planteo y ordenó que se presenten documentos y comunicaciones que permitan evaluar el vínculo con el Estado. Dispuso que en un plazo de 15 días se entregue la información requerida.
Calificación de los delitos y asociación ilícita:
- Los denunciantes califican la maniobra como constitutiva de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
- Se argumenta que los funcionarios actuaron como una “organización criminal” con permanencia en el tiempo y división de roles, similar al modus operandi juzgado en la causa “Vialidad”. Se la describe además como una “organización criminal transnacional” según los estándares de la Convención de Palermo.
El rol de Martín Lousteau
En la ampliación, el senador Martín Lousteau también quedó bajo la lupa. Su presunta responsabilidad se vincula a su paso por el Ministerio de Economía en 2008, cuando se concretó la venta del 25% de YPF al Grupo Petersen. Si bien no se documenta una intervención directa, la denuncia apunta a su deber de control sobre una operación de tal magnitud.
Mazzeo le imputa una “total ausencia de observaciones, impugnaciones o medidas preventivas” y plantea que podría caberle responsabilidad por omisión impropia y violación de deberes de funcionario público, como partícipe secundario o encubridor en el marco del delito de administración fraudulenta.
La presentación solicita formalmente que se amplíe la investigación penal respecto de Lousteau, Guillermo Moreno y Antonio Brufau Niubó para determinar el grado de participación de cada uno en los hechos denunciados.
