Los investigadores advierten que las personas con discapacidad podrían haber sido las principales víctimas de la supuesta corrupción y delimitan cuál es hasta ahora el eje de la investigación de la causa ANDIS.
Todo apunta a posibles maniobras de corrupción pública en la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre de 2023 a agosto de 2025.
Detalles de la investigación
Con la causa delegada por decisión del juez Sebastián Casanello, el fiscal federal Franco Picardi advirtió que los sucesos que investiga vinculados a “posibles maniobras de corrupción pública desplegadas” en ANDIS habrian ocasionado perjuicio patrimonial, en particular, a las personas con discapacidad destinatarias de las políticas públicas.
Finalizado el secreto de sumario y con base a toda la prueba recolectada en casi 20 días, la fiscalía explica que la plataforma fáctica del caso -por el momento- “se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre del 2023 a agosto del 2025”.
También se busca determinar sus características, entramado e identificación de responsables a la hora de hablar de direccionamiento de licitaciones de medicamentos y/o posibles sobreprecios que encubrirían pago de sobornos.
Más de una droguería
Con lo poco que pudo saberse a raíz del secreto de sumario y también por los operativos ordenados que se hicieron públicos ante el despliegue de fuerzas de seguridad en domicilios allanados, se habló siempre de una investigación a la droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras de ANDIS y mencionada en los audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, filtrados a la prensa y bajo estudio en la fiscalía.
Pero ahora, la fiscalía menciona que parte de este esquema de corrupción que investiga “estaría dado por el rol que le cupo” a la Suizo Argentina “y otras droguerías en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional”.
“Ello, a partir de la participación en procesos de compra y/o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el
involucramiento intencionado de funcionarios/as públicos/as”, detalla el informe fiscal.
Spagnuolo y su defensa
Las novedades en la causa se conocen al tiempo que Spagnuolo nombró defensa oficial en la causa.
Así quedó designado el defensor oficial Hernán Silva luego que el ex funcionario presentó un escrito solicitando que se le designara una defensa de este tipo.
Al inicio del caso, Spagnuolo había nombrado abogados particulares, pero renunciaron la misma tarde en que durante un allanamiento a una caja de seguridad del ex titular de ANDIS se secuestraron 80.000 dólares.
Además, en la investigación hay un informe que confirma que el ex funcionario autor de los audios que originaron la investigación estuvo borrando mensajes de manera manual de su teléfono celular poco antes de un operativo judicial donde se secuestró el aparato.
Ahora la fiscalía dispuso que se intente recuperar esa información.
Todo ocurre mientras se incrementan los rumores sobre una presunta intención de Spagnuolo de intentar ser aceptado como “imputado colaborador” en el caso, es decir, arrepentido. Para ello debería aportar en la fiscalía de Picardi algo más que lo que se lo escucha decir en los audios.
En esas grabaciones, Spagnuolo aludió a supuestos pagos ilegales por parte de proveedores de medicamentos para discapacidad-porcentajes- que estarían destinados a funcionarios públicos.
La investigación toma además los dichos bajo juramento de verdad del ex asesor Fernando Cerimedo, quien aseguró ante la Justicia que en conversaciones privadas Spagnuolo le mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, en sintonía con los audios ya secuestrados en la causa.
“Sus dichos no son prueba plena, pero al coincidir con grabaciones y documentación en análisis, se convierten en un elemento que robustece la hipótesis”, señalaron fuentes judiciales.
Con el secreto de sumario ya levantado, tanto las querellas como las defensas tienen acceso a un expediente que creció en volumen y gravedad: de un caso circunscripto a contrataciones irregulares, la Justicia pasó a investigar un entramado más amplio que involucra posibles pagos indebidos, direccionamiento de fondos y complicidad de funcionarios nacionales.
Todo forma parte de la investigación y es analizado por la fiscalía.
