El ex presidente Alberto Fernández fracasó en su intento de evitar el juicio oral por lesiones y amenazas agravadas por violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez, aunque logró apartar del expediente al juez Julián Ercolini, quien había ordenado su procesamiento.
Sendas resoluciones firmadas este lunes por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, marcaron un punto de inflexión en el proceso judicial que mantiene enfrentados al exmandatario y a la ex primera dama.
El revés principal: Casación confirmó el avance hacia el juicio
En primer lugar, el máximo tribunal penal federal del país rechazó los recursos de queja presentados por la defensa de Fernández contra las decisiones que ordenaron la conclusión de la instrucción y el pase a juicio oral, y contra el auto de procesamiento dictado meses atrás por el juez federal Julián Ercolini.
Los camaristas recordaron que, de acuerdo con la doctrina del máximo tribunal, no puede recurrirse una decisión de procesamiento ante Casación, porque no se trata de una sentencia definitiva. “El ordenamiento procesal establece una limitación objetiva… requisito que no se cumple cuando lo que se recurre es la confirmación del auto de procesamiento”, escribieron los jueces al declarar inadmisible la queja.
En el mismo sentido, rechazaron la impugnación contra el cierre de la instrucción, por falta de fundamentos suficientes. “El impugnante solo manifestó su disconformidad con los argumentos denegatorios expuestos por el a quo, sin lograr refutarlos”, sostuvo la resolución. En consecuencia, el caso quedó habilitado para ser elevado a juicio oral, bajo acusación del Ministerio Público Fiscal y la querella de Yáñez, representada por el abogado Mauricio D’Alessandro.
Los cargos: lesiones, amenazas y violencia de género
En el procesamiento confirmado, Ercolini había considerado a Fernández autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas, todos ellos en concurso real. También dispuso un embargo de diez millones de pesos sobre sus bienes.
Según la imputación, los hechos se habrían producido durante su mandato presidencial y se investigan bajo las normas de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y los tratados internacionales que obligan al Estado argentino a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
Además, el tribunal remarcó que debía tenerse especialmente en cuenta el enfoque de género y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, citando la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley 26.485.
El alivio parcial: apartamiento de Ercolini
Donde sí obtuvo un resultado favorable fue en su intento de remover al juez Ercolini por presunta enemistad y falta de imparcialidad. La misma Sala II hizo lugar al recurso de casación interpuesto por su defensa, y resolvió anular el fallo que había rechazado la recusación y apartarlo del expediente.
En su voto, la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci destacaron que Fernández aportó en la audiencia nuevos elementos que “otorgan sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”. Para los camaristas, esas circunstancias “imponen apartar al juez a fin de alejar cualquier temor de parcialidad”, sin afectar la validez de los actos procesales ya realizados.
Lo que viene
La decisión de apartar a Ercolini no detiene el avance del proceso. Casación ordenó que la Cámara Federal de Apelaciones designe un nuevo magistrado, pero dejó firme la instrucción y los actos cumplidos. En los hechos, el expediente continúa su camino hacia el juicio oral, donde Fernández deberá responder por los hechos denunciados por su ex pareja.
Así, el ex Presidente no logró frenar el proceso que lo acerca al primer juicio oral contra un ex jefe de Estado argentino por violencia de género.
