Rechazan por “prematuro” un pedido del diputado José Luis Espert para que se unificaran en los tribunales de Comodoro Py las causas penales que lo involucran.
Una de ellas se tramita en los tribunales federales de San Isidro, donde se investiga el presunto pago de 200 mil dólares por parte del empresario acusado de lavado de dinero y narcotráfico Fred Machado.
El planteo de la defensa de Espert, a cargo del abogado Alejandro Freeland, buscaba que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reclamara la inhibición del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, al considerar que ambas investigaciones son conexas. Sin embargo, el magistrado porteño compartió el criterio de la fiscal Alejandra Mángano, quien se opuso a la medida por entender que era un pedido “prematuro”.
«Debe destacarse que el requerimiento formulado por la defensa de Espert resulta prematuro»
Resolución del juez Marcelo Martínez De Giorgi
Por ahora ambas causas seguirán su camino de manera separada, aunque la decisión podría ser apelada. En un futuro no se descarta la unificación una vez que esté más claro el panorama en cada una de ellas.
Por qué se investiga a Espert en cada caso
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli es quien avanza en la pesquisa por la presunta entrega de 200 mil dólares en efectivo de Machado a Espert, bajo la apariencia de un contrato de servicios. La denuncia fue presentada por el dirigente social Juan Grabois, y en el expediente se dictó el secreto de sumario, además de haberse dispuesto allanamientos en los últimos días.
Esta investigación comenzó el 25 de septiembre pasado y apunta a determinar si hubo una “recepción e incorporación al sistema financiero de fondos provenientes de una organización criminal” que lideraría Machado, dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de activos.
La causa que tramita en Comodoro Py se abrió el 19 de abril de 2021 y analiza los presuntos aportes ilegales a la campaña presidencial de Espert en 2019, entre ellos 35 vuelos que habrían sido financiados por Machado con sus aviones, además de una camioneta blindada puesta a disposición del economista.
En su resolución, Martínez De Giorgi sostuvo que el planteo de la defensa “resulta prematuro” porque “no se cuenta con elementos suficientes” para disponer la unificación de causas en este momento. “Proceder de modo contrario podría resultar contraproducente, pues esa decisión entorpecería el avance” de la investigación en curso en San Isidro, concluyó el juez.
Los pagos de Machado
En San Isidro, la investigación está delegada en la fiscalía federal de Fernando Dominguez con secreto de sumario: una de las primeras medidas fue allanar la casa del actual diputado en ese partido bonaerense
Se ordenó el secuestro del teléfono celular y dispositivos electrónicos para ser peritados.
Días atrás, el fiscal imputó formalmente al legislador por supuesto lavado de activos
.El contrato
Machado será extraditado a Estados Unidos con aval de la Corte Suprema de Justicia, según dispuso el Gobierno argentino.
Cuando la policía fue a buscarlo al domicilio donde cumplía arresto domiciliario, encontró un contrato de locación de servicios firmado entre Espert y Machado en junio de 2019, por un millón de dólares. Allí se establecía un acuerdo de asesoramiento económico y estratégico para una empresa minera de Guatemala, propiedad del empresario acusado. Según ese convenio, el economista recibiría pagos mensuales de 100 mil dólares durante un año.
En su descargo, Espert negó haber recibido aportes irregulares para su campaña y aseguró que el contrato formó parte de un “trabajo de consultoría privada”. También se desligó de cualquier manejo de fondos durante la elección presidencial, y afirmó que su participación como candidato fue “extrapartidaria”.
El escándalo, sin embargo, tuvo impacto político inmediato. Esta semana, el diputado pidió licencia en la Cámara baja hasta el final de su mandato, que vence en diciembre.
