El Consejo Superior resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, que suspendió la ejecución de la norma pese a haberla promulgado. La Universidad advierte que la medida agrava la crisis presupuestaria y vulnera derechos constitucionales.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales para que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, y asigne de forma urgente los recursos presupuestarios que la norma establece.
Si bien la ley fue promulgada, el Ejecutivo decidió suspender su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento necesarias, decisión que la UBA considera arbitraria y contraria al orden constitucional.
En una resolución aprobada por el Consejo Superior, la Universidad sostuvo que tomará medidas “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.
El texto advierte que el decreto presidencial “promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley”, lo que -según el cuerpo- “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en la Constitución Nacional”.
La UBA alertó además que la falta de ejecución de la ley profundiza una crisis presupuestaria sin precedentes en el sistema universitario. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desactualizadas por la inflación, y durante 2024 los salarios docentes y nodocentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo. En 2025, la recomposición salarial volvió a quedar por debajo del aumento de precios, agravando la situación.
La norma aprobada por el Congreso tiene como objetivo garantizar el financiamiento y la recomposición salarial del sistema universitario nacional, así como la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
Finalmente, el Consejo Superior advirtió que “la no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
