La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de 14 ex funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz por el presunto delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
Se trata de la causa que investiga las irregularidades en la adjudicación de obras viales al grupo empresarial encabezado por Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
El fallo fue firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I del tribunal.
Quienes son los acusados
Según el expediente, los funcionarios provinciales “incumplieron sistemáticamente los deberes inherentes a sus cargos” y permitieron que se direccionaran recursos públicos hacia las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Sucesión Adelmo Biancalani, Loscalzo y Del Curto y Gotti S.A., todas vinculadas a Báez.
Entre los imputados figuran Guillermo Fabián Torres, Orlando Taboada Ovejero, Jorge Pasiecznik, Víctor Paniagua, Claudia Oliva, Gerardo Mansilla, Carlos Mancilla, Roberto Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Cantero, Alba Cabrera y Juan Gelves. También fue procesado José Carlos Pistán, representante técnico de Austral Construcciones, en calidad de partícipe necesario.
El tribunal consideró acreditado que los entonces funcionarios de la AGVP omitieron ejercer los controles y verificaciones que les correspondían, lo que resultó “fundamental para lograr el resultado criminal deseado”, consistente en la adjudicación sistemática de obras al grupo Báez sin cumplir con los requisitos legales ni la capacidad técnica necesaria.
En la causa central conocida como Vialidad se condenó a Báez y la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta. Este veredicto ya quedó firme confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
La ex Presidenta cumple la pena bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la participación de distintas empresas de Báez en una misma licitación, la adjudicación de contratos por encima de la capacidad de ejecución, el uso del mismo representante técnico en obras simultáneas, la falta de equipamiento suficiente, la conformación irregular de comisiones evaluadoras y la priorización en los pagos a las firmas del empresario.
Corrupción “en espejo”
Los camaristas destacaron que la estructura de corrupción detectada en el nivel nacional se replicó “en espejo” en la provincia de Santa Cruz, mediante un entramado burocrático que garantizó la continuidad del esquema de desvío de fondos. “No es un dato menor la proximidad entre los funcionarios y los empresarios, ni la reiteración de mecanismos que se apartaban de la normativa aplicable”, subrayaron.
En la misma resolución, la Cámara ratificó los embargos de 100 millones de pesos sobre los bienes de los procesados.
También confirmó la falta de mérito dictada en primera instancia para los exmiembros del Tribunal de Cuentas santacruceño y los exministros de Economía y Obras Públicas provinciales -entre ellos Juan Manuel Campillo, Juan Antonio Bontempo y Luis Villanueva-, aunque ordenó profundizar la investigación sobre su rol en el control de los fondos nacionales aplicados a las obras.
