La fiscal federal Fabiana León afirmó que el caso Cuadernos demanda “una especial necesidad de explicaciones” a la sociedad porque “es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y sólo comparable a unas pocas a nivel mundial”.
Fabiana León será la fiscal del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 86 acusados que se iniciará el próximo jueves 6 de noviembre y en base a ello elaboró un informe sobre el caso, en cuyo prólogo se refirió a la causa penal.
“Esta causa demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, remarcó.
Además, en el informe se resalta que gracias a medidas cautelares dispuestas “ni un solo centavo” se ha “perdido o se ha desatendido”.
“En esa dirección se han decretado embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos (maquinarias), prohibiciones de no innovar, de repartir dividendos, subrogados de ganancias, etc”, enumera la fiscalía.
Los números de un juicio histórico
Desde el jueves, por la fiscalía participarán del juicio la fiscal general León, el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis.
En principio de manera virtual, las audiencias se trasmitirán por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación y se leerán los requerimientos de elevación a juicio. Tras los planteos de cuestiones preliminares llegarán las declaraciones indagatorias de los 87 enjuiciados y aquí se anticipa habrá algún planteo con relación a la presencialidad.
De hecho, la fiscalía ya reclamó a los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que a los acusados se los escuche de manera presencial, algo que aún no tuvo respuesta.
A la etapa de juicio oral llegaron 91 acusados, de los cuales cuatro fallecieron, entre ellos el empresario Juan Chediak.
De esta forma llegan al banquillo el jueves 87 procesados: se juzgarán 540 hechos entre la causa principal 9608 y conexas.
En realidad, se juzgan un conjunto de causas vinculadas entre sí, enfatiza la fiscalía.
Ex funcionarios, empresarios y choferes
Además de la ex Presidenta, están procesados 19 ex funcionarios, 65 empresarios y dos choferes, “acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales”, detalla el informe fiscal.
En la causa principal -abierta cuando el fiscal federal Carlos Stornelli recibió los cuadernos del remisero Oscar Centeno de manos del periodista Diego Cabot– la ex presidenta Fernández de Kirchner llega procesada como supuesta jefa de asociación ilícita, coautora de cohecho pasivo (recibir pagos ilegales) en 26 oportunidades.
La también ex senadora nacional y ex vicepresidenta llega a este, su segundo debate oral como acusada, detenida con prisión domiciliaria en la causa Vialidad, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.
El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido tiene en el expediente principal cargos como presunto organizador de asociación ilícita y cohecho pasivo como coautor reiterado en tres oportunidades. También llega a juicio como supuesto coautor del delito de admisión de dádivas.
Roberto Baratta, por su parte, enfrenta en la causa 9608 las mismas acusaciones que su ex jefe De Vido, pero en el caso del cohecho pasivo se le imputa el delito en 86 oportunidades.
El financista arrepentido Ernesto Clarens llega a juicio como supuesto organizador de la asociación ilícita.
El también imputado colaborador Centeno es considerado presunto partícipe de asociación ilícita.
Y los empresarios -65 en total- llegan procesados por “cohecho activo”, pago de sobornos, en distintas oportunidades. Medio centenar fracasó ante el Tribunal Oral a la hora de ofrecer compensaciones económicas para dar por extinguida la acusación y ser sobreseídos.
