A pocos días del inicio del juicio oral en el caso Cuadernos, el Tribunal Oral Federal 7 rechazó un nuevo intento de un empresario acusado para evitar llegar al debate: Patricio Gerbi ofreció una “probation” -suspensión del juicio a prueba-: pago resarcitorio y tareas comunitarias en Mar del Plata, donde vive.
Los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori denegaron el pedido este martes 4 de noviembre. El juicio comienza el próximo jueves 6.
Argumentos
Patricio Gerbi es imputado colaborador en la causa y al aplicar la norma que rige esa figura, “la escala penal en expectativa se reduce a un máximo de cuatro años de prisión, lo que permite la aplicación de la suspensión del juicio a prueba”, explicaron sus defensores.
Los abogados Ariel y Manuel Garrido refirieron que la conducta procesal de Gerbi ha estado marcada por una “colaboración activa y constante con la justicia, destacando que oportunamente celebró un acuerdo de colaboración eficaz conforme a la Ley 27.304, el cual fue homologado en agosto de 2018”.
En virtud de dicho acuerdo, el empresario “aportó información de relevancia que permitió el avance de la investigación y fue posteriormente ratificada en audiencia y en sede judicial”, enfatizaron según resume la resolución judicial.
Gerbi había ofrecido una reparación económica de 209.683.710 pesos y la realización de tareas comunitarias en Mar del Plata, ciudad donde vive, además de implementar medidas de transparencia y cumplimiento en su empresa, como parte de un plan de integridad corporativa. La defensa remarcó que nunca fue funcionario público.
Decisión judicial
La fiscal general Fabiana León se opuso al pedido y sostuvo que el planteo era “manifiestamente inadmisible”, ya que el artículo 76 bis impide la probation en causas donde participaron funcionarios públicos. Recordó que en esta causa se investigan hechos de corrupción cometidos “con la participación de funcionarios”, lo que alcanza también a los particulares involucrados.
La fiscal citó además la Resolución 97/09 de la Procuración General de la Nación, que fija criterios de política criminal y excluye el uso de la probation en casos de corrupción, y subrayó que el Estado argentino tiene compromisos internacionales -derivados de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana- que imponen la obligación de investigar y sancionar este tipo de delitos.
El Tribunal coincidió con ese criterio. “La oposición fundada y razonada del Ministerio Público Fiscal resulta suficiente argumento para denegar la aplicación del beneficio que se persigue”, señalaron los jueces Méndez Signori y Canero, en voto conjunto. Aunque Castelli recordó que en su criterio el dictamen fiscal no es vinculante, adhirió al rechazo al considerar que el planteo de la fiscalía superaba “el control de logicidad”.
En consecuencia, el TOF 7 resolvió no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba en favor de Gerbi y confirmó que el empresario deberá sentarse en el banquillo junto a los demás acusados cuando el debate oral comience este jueves 6 de noviembre.
“El instituto tiene como finalidad descongestionar el sistema judicial respecto de delitos leves, lo que se vería desnaturalizado al pretender aplicarlo en procesos por corrupción estructural”, advirtió la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), que también se opuso al pedido.
El juicio comenzará el próximo jueves a las 9:30 hs. Se juzgará a 87 procesados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner como presunta jefa de asociación ilícita, delito que prevé hasta diez años de prisión y cohecho, con seis años de pena máxima. También llegan a juicio el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta, para quien manejaba un remis el arrepentido y autor de los cuadernos, Oscar Centeno.
Además de la ex Presidenta en total serán juzgados 19 ex funcionarios, 65 empresarios y dos choferes.
Están acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.
