El fiscal federal Franco Picardi citó a indagatoria a 15 personas -entre ellos el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo- por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos de alto costo. La investigación apunta a direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y pagos indebidos en perjuicio del Programa Incluir Salud.
La investigación por presuntas maniobras fraudulentas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo decisivo: el fiscal federal Franco Picardi citó a indagatoria a 15 personas, entre ellas el ex titular del organismo Diego Spagnuolo, otros ex funcionarios y referentes del sector privado vinculados a droguerías y empresas proveedoras de medicamentos e insumos de alto costo.
Además, pide la detención de Pablo Atchabahian dado su rol de “jefe para-estatal” y su actitud “desafiante” de no presentarse ante la autoridad judicial, lo que denota su intención de mantenerse al margen de la investigación.
La causa expone lo que el fiscal define como un entramado delictivo montado dentro del organismo para direccionar contrataciones, manipular procesos de compra y aplicar sobreprecios sistemáticos en medicamentos e insumos críticos. Según la hipótesis fiscal, la maniobra incluía además el pago de sobornos a funcionarios públicos con capacidad de decisión dentro de ANDIS.
El eje de gravedad de la investigación no es solo económico ni institucional: es social. Las irregularidades detectadas afectaron de manera directa al universo de beneficiarios del Programa Incluir Salud, dirigido a personas en situación de extrema vulnerabilidad: titulares de pensiones no contributivas, madres con siete hijos, adultos mayores en situación de pobreza y personas con discapacidad sin otra cobertura médica.
Según Picardi, la organización delictiva operaba en perjuicio de la administración pública y, particularmente, sobre un colectivo que requiere protección reforzada. El desvío de fondos destinados a medicamentos e insumos de alto costo -muchos de ellos esenciales para tratamientos crónicos o discapacidades severas- habría impactado en la continuidad y calidad de las prestaciones.
Indagatorias y nuevos procedimientos
Tras reunir pruebas documentales, testimoniales y peritajes, el fiscal solicitó la ronda de indagatorias y dispuso nuevos allanamientos y medidas de prueba para profundizar el análisis del circuito económico y del rol de cada uno de los imputados, tanto funcionarios como empresarios.
La investigación apunta a reconstruir:
- Cómo se direccionaban las compras a determinadas droguerías o prestadoras.
- Qué funcionarios participaban en la selección irregular de proveedores.
- El mecanismo de cálculo de sobreprecios aplicado en medicamentos e insumos críticos.
- El flujo de pagos ilegítimos y retornos a funcionarios.
Los puntos centrales del dictamen
El análisis del contenido del dictamen fiscal revela una trama de corrupción organizada desplegada en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Esta organización, compuesta por funcionarios públicos y empresarios del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia), operó mediante el direccionamiento de contrataciones, la manipulación del sistema informático SIIPFIS, la aplicación de sobreprecios, y el pago de sobornos a funcionarios.
La fiscalía considera que la evidencia recabada es lo suficientemente sólida para sostener que los hechos configuran una «organización delictiva» y, por ello, solicita medidas coercitivas, distinguiendo a un grupo principal cuya detención se considera urgente debido a su rol central, capacidad de influencia y riesgo de obstrucción.
Personas más Comprometidas con las Pruebas Recabadas (Solicitud de Detención)
Los seis individuos más comprometidos, basándose en la petición de detención con fines de declaración indagatoria (que implica un mayor riesgo procesal y un grado de sospecha más fuerte en esta etapa), son:
- Miguel Ángel Calvete
Es calificado como un verdadero “director para-estatal de la ANDIS” y el principal garante del despliegue y funcionamiento del esquema ilegal.
- Vínculo empresarial: Está asociado a múltiples droguerías proveedoras de insumos PACBI, en particular INDECOMM S.R.L. y Profarma S.A..
- Coordinación de pagos ilícitos: Fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a funcionarios de ANDIS, incluyendo a Diego Spagnuolo, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno. Se encontró evidencia de que solicitó 5 millones de pesos en efectivo para Diego Orlando Spagnuolo.
- Evidencia directa: Se incautaron cuadernos con anotaciones manuscritas detallando la contabilidad de los movimientos de dinero, las firmas, y los pagos vinculados a prestaciones PACBI, sugiriendo distribuciones de la diferencia entre costos reales y precios de venta. Además, se recuperaron conversaciones que Daniel María Garbellini había eliminado en las que Calvete insistía en pagos para sus empresas.
- Obstrucción: Dio órdenes a personas allegadas para eliminar evidencias y solicitó a Lorena Di Giorno que moviera dinero a través de Sergio Mastropietro y Alan Pocoví el mismo día de los allanamientos. También se halló un instructivo en su domicilio sobre cómo proceder en caso de allanamiento para negar su residencia y la de su pareja.
Diego Orlando Spagnuolo
Como Director Ejecutivo de la ANDIS (máxima autoridad), permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas y sobreprecios en detrimento del erario público, a cambio de beneficios económicos indebidos.
- Pagos ilícitos y patrimonio: Recibió cinco millones de pesos en efectivo de parte de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz para un viaje. Además, tenía en su domicilio una máquina de contar billetes. Su patrimonio mostró un crecimiento no justificado, incluyendo la tenencia de U$S 82.000 y € 2.950 en una caja de seguridad no declarados previamente.
- Vínculos: Mantuvo numerosas visitas de Calvete y su entorno (Guadalupe Muñoz, Sergio Mastropietro) en su domicilio particular.
- Obstrucción: Entregó a la autoridad judicial su teléfono celular con gran parte de su contenido eliminado. Utilizó varios dispositivos móviles en los días previos al allanamiento, buscando presumiblemente sustraerse de la investigación.
Daniel María Garbellini
Se desempeñó como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS y ejecutaba órdenes sobre el direccionamiento de compulsas y sobreprecios a cambio de beneficios.
- Rol central en la manipulación del SIIPFIS: Permitió que personas ajenas a la ANDIS (como Luciana Ferrari, operador externo de Pablo Atchabahian) tomaran decisiones clave, accedieran a información privilegiada y operaran el sistema SIIPFIS desde fuera del organismo.
- Vínculo jerárquico externo: Recibía órdenes directas de Pablo Atchabahian sobre a quién pagar, a quién frenar los pagos y a quién incorporar al sistema SIIPFIS para cotizar.
- Evidencia recuperada: Su teléfono celular presentaba múltiples conversaciones eliminadas (especialmente con Miguel Ángel Calvete), las cuales fueron recuperadas mediante extracción forense.
- Patrimonio: Realizó obras y ampliaciones en uno de sus inmuebles que generaron multas millonarias, lo que sugiere gastos que no se relacionan con sus ingresos declarados.
Pablo Atchabahian
A pesar de no ser funcionario de la ANDIS durante el periodo investigado, actuó como un jefe para-estatal que ejercía autoridad sobre Daniel María Garbellini.
- Influencia y Operadores: Utilizó su pasado en ANDIS para tener operadores propios dentro del organismo que respondían a sus órdenes y a las de Garbellini, siendo Luciana Ferrari un ejemplo clave.
- Control de contrataciones: Daba órdenes precisas, como la de frenar pagos a la droguería Dihemo S.A. por «estar jugando mal», y solicitó la inclusión de Droguería 20 de Junio S.A. en las cotizaciones.
- Vínculos empresariales: Estaba vinculado al laboratorio Roche S.A.Q.E.I. (donde trabajaba su operadora Luciana Ferrari) y a la droguería Génesis S.A. (vinculado a Patricio Rama).
- Obstrucción: Se ha corroborado que, a pesar de las medidas judiciales, se ha mantenido al margen de la investigación, evitando abrir mensajes y no presentándose ante la autoridad judicial, denotando una intención de eludir la acción de la justicia.
Lorena Di Giorno
Funcionaria de ANDIS con área de incumbencia PACBI en el sistema SIIPFIS, cumplía un doble rol como agente estatal y operadora directa de Miguel Ángel Calvete.
- Flujo de dinero: Se le facturó a las empresas vinculadas a Calvete (INDECOMM S.R.L. y Profarma S.A.) millones de pesos argentinos por “servicios profesionales” mientras era funcionaria de ANDIS. También era la persona encargada de recoger dinero espurio de Calvete.
- Comunicaciones internas: Proporcionaba a Miguel Ángel Calvete información sensible y privilegiada del organismo, incluyendo el oficio enviado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre la normativa de contrataciones.
- Obstrucción: En una conversación interceptada el día de los allanamientos, le informó a Calvete que estaba «borrando todo» y había «sacado todo» de su casa, confirmando actos de ocultamiento de prueba.
Eduardo Nelio González (“Pino”)
Actuó como pivote entre la ANDIS y las firmas beneficiadas. Tenía vínculos estrechos y de larga data con Miguel Ángel Calvete.
- Rol informal/formal en ANDIS: Operaba y tenía injerencia en ANDIS, incluso solicitando el uso de cocheras y la colocación de personal, antes de su designación formal en junio de 2025 como Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas.
- Pagos ilícitos: Mantuvo conversaciones con Calvete donde preguntaba “cómo y cuándo hacerse de los dólares”. Anotaciones en los cuadernos de Calvete registran sumas de dinero en dólares asociadas a “Pino” González.
Otros Individuos Comprometidos (Solicitud de Indagatoria)
La fiscalía también solicitó la citación a declaración indagatoria para otras personas, dado el grado de sospecha reunido hasta el momento, que las sitúa como participantes clave de la organización delictiva. Estas personas están fuertemente comprometidas a través de la evidencia de sus roles funcionales en el esquema:
- Roger Edgar Grant (Funcionario Ejecutor): Coordinador de Gestión de Urgencias de ANDIS, era el ejecutor directo de las órdenes de Daniel Garbellini y Pablo Atchabahian en la administración de compras en SIIPFIS. Sabía quién iba a cotizar y manejaba los tiempos del proceso. Fue mencionado en los cuadernos de Miguel Ángel Calvete.
- Luciana Ferrari (Operadora Externa): Operadora externa que, sin cargo en ANDIS, utilizaba un usuario del sistema SIIPFIS provisto por Garbellini para gestionar “tickets” y compartir información anticipada sobre compulsas desde su puesto en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I..
- Patricio Gustavo Rama (“Pato Country”): Miembro del «Grupo Museo» con Atchabahian y Garbellini. Director Suplente de Droguería New Farma S.A. y vinculado a Génesis S.A.. Fue autorizado a conducir una camioneta de alta gama adquirida por Génesis S.A. al inicio de las compulsas reducidas.
- Guadalupe Ariana Muñoz (Pareja y Colaboradora de Calvete): Pareja de Miguel Ángel Calvete, colaboradora directa en actividades ilícitas. Se encargaba de conseguir dinero en efectivo (como los 5 millones de pesos para Spagnuolo) y movilizar fondos para Calvete, recibiendo cheques de las empresas.
- Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, y Alejandro Gastón Fuentes Acosta: Vínculos directos con las droguerías que se beneficiaron de las compulsas reducidas: Arnaudo es Presidente de Génesis S.A., mientras que Escudero (Presidenta de New Farma S.A.) y Fuentes Acosta (Presidente de Floresta S.A.) están vinculados entre sí. Estas cuatro droguerías (Profarma, Génesis, New Farma, Floresta) concentraron el direccionamiento de contrataciones y sobreprecios.
- Federico Maximiliano Santich y Ruth Noemí Lozano: Santich es gerente y accionista de Profusión S.R.L., que es accionista mayoritaria de Profarma S.A.. Lozano es Directora Titular y Presidenta de Profarma S.A. y accionista minoritaria de INDECOMM S.R.L.. Ambos están en el eje de control de las droguerías de Calvete.
Según la investigación el entramado de corrupción detectado funciona como una compleja telaraña donde los funcionarios de ANDIS (Spagnuolo y Garbellini) y los operadores externos (Calvete y Atchabahian) actúan como las arañas centrales, controlando el flujo de los fondos públicos hacia los proveedores previamente seleccionados, utilizando a los operadores internos (Di Giorno y González) y a las figuras societarias (Rama, Lozano, Santich, Arnaudo, etc.) para legitimar y ejecutar la maniobra.
El sistema de contrataciones en ANDIS se asemeja a una autopista de peaje que, si bien se presenta como una vía pública para todos los vehículos (proveedores), en la práctica, los funcionarios (los encargados de las barreras) tienen acuerdos secretos con unas pocas empresas de transporte (las droguerías del grupo). En lugar de abrir todas las cabinas para garantizar la competencia y el mejor precio, solo abren la «vía rápida» para sus socios (las compulsas reducidas), permitiéndoles pasar a precios exorbitantes (sobreprecios), mientras que los demás transportistas honestos son ignorados o excluidos deliberadamente. Los pagos ilícitos a los funcionarios son el «retorno» que reciben por manipular las barreras de peaje.
¿Se menciona a Karina Milei?
Karina Milei es mencionada en el contenido del dictamen fiscal. Su nombre surge en el contexto de las conversaciones recuperadas de un grupo de WhatsApp denominado el “Grupo Museo” (integrado por Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian, Patricio Rama, y otros).
Específicamente, en conversaciones de enero de 2024 y mayo de 2025, se hace referencia a Karina Milei como la persona a la que los involucrados “debían llegar ya que sería ‘la que define todo’”. Estas conversaciones se dieron en el marco de las gestiones que realizaban los integrantes del grupo para “volver a desembarcar en la agencia”, y también mencionaban a Diego Spagnuolo como quien habría pedido la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Además, Ornella Calvete, es mencionada en conversaciones interceptadas con su padre, Miguel Ángel Calvete (uno de los principales acusados y “director para-estatal” de la ANDIS), y fue objeto de un pedido de registro domiciliario. Ornella Calvete era funcionaria pública, con el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía de la Nación. En una de estas conversaciones, Miguel Ángel Calvete le dice a su hija: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”. El dictamen no aclara quién es “KM”.
Un expediente que seguirá creciendo
La causa podría ampliarse en las próximas semanas: Picardi dejó abierta la posibilidad de nuevas imputaciones conforme avancen los peritajes contables y tecnológicos, y a partir de información que surgió en los procedimientos más recientes.
