La investigación del caso ANDIS tiene desde este viernes su primer detenido: Pablo Atchabahian, un médico urólogo que por ahora se negó a declarar y permanece con arresto domiciliario en su casa de Mendoza. De qué lo acusa la fiscalía.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya tiene a su primer detenido: Pablo Atchabahian, médico urólogo, exfuncionario del organismo y señalado por el fiscal Franco Picardi como “una pieza central de una estructura que operó decisiones administrativas, contrataciones y pagos direccionados desde fuera de la agencia”.
Atchabahian fue arrestado por orden del juez federal Sebastián Casanello luego de que no pudiera ser localizado en los primeros allanamientos. Finalmente fue ubicado en Mendoza, quedó bajo prisión domiciliaria y se negó a declarar.
Su nombre aparece, según la investigación, “en todos los puntos sensibles del expediente”: los chats donde se delineaba la “toma de la ANDIS”, las órdenes externas sobre pagos y personal, los vínculos con proveedores y el circuito financiero que hoy reconstruye la Justicia.
“Somos familia”: el núcleo duro del Grupo Museo
El expediente destaca el rol de Atchabahian dentro del grupo que la fiscalía describe como un círculo íntimo que buscaba instalarse en un organismo estatal con el supuesto fin de manejar contrataciones millonarias. El 15 de febrero de 2022, Daniel Garbellini creó un grupo de WhatsApp integrado por Atchabahian, Patricio “Pato Country” Rama y Mariano Caballi.
De esas conversaciones surge una relación de extrema confianza. Tal como escribió Atchabahian: “Somos familia”.
En otro mensaje decisivo, proyectaba su vuelta a la gestión estatal: “Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”.
Según la fiscalía, ese plan tenía un objetivo claro: retornar a la dirección de la ANDIS, cargo que Atchabahian ya había ocupado en 2018 como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Desde 2022 —sostiene Picardi— buscaba su regreso, realizando gestiones con distintos sectores políticos.
Ordenes, pagos y proveedores
Cuando Diego Spagnuolo y Garbellini fueron finalmente designados en ANDIS en 2024, la fiscalía detectó que Atchabahian, sin ocupar ningún cargo formal, daba órdenes directas a Garbellini, quien las acataba, según la acusación. Desde afuera del Estado, y sin vínculo legal con el organismo, Atchabahian —según Picardi— decidía:
- a quién pagar y a quién no,
- qué proveedores habilitar en el sistema SIIPFIS para cotizar,
- qué personal despedir de gestiones anteriores,
- y qué personas externas debían ser incorporadas al circuito administrativo.
Empresas beneficiadas y circuito financiero bajo sospecha
Para Picardi, bajo la influencia del grupo liderado por Atchabahian se habrían beneficiado empresas vinculadas a los imputados, en contrataciones de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Parte de los fondos desviados habría sido redireccionados hacia empresas sin relación con el sector salud, como Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A., asociadas a Alan Pocoví y Sergio Mastropietro, en maniobras que podrían configurar movilización y presunto blanqueo de recursos públicos.
Atchabahian -afirma el fiscal- no era un actor lateral sino “un operador clave que conectaba los intereses de proveedores, empresarios y funcionarios”, articulando un esquema donde actores externos influían, definían y se beneficiaban de contrataciones millonarias.
La investigación también detectó pagos irregulares a funcionarios de la ANDIS. A cambio de garantizar y ejecutar las maniobras, habrían recibido dinero Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, entre otros.
«Es preciso señalar que, el 21 de agosto del 2025, es decir un día y medio después de que se publicaran los audios de Diego Orlando Spagnuolo, y al día siguiente de iniciado este caso, Pablo Atchabahian llamó a Daniel María Garbellini por la aplicación WhatsApp y hablaron durante aproximadamente 12 minutos»
Dictamen del fiscal Franco Picardi
El expediente describe “acciones ilícitas coordinadas y en paralelo”, que incluyeron:
- Incumplimiento de deberes de funcionario público,
- Recepción y erogación de pagos indebidos,
- Administración fraudulenta,
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El juez Casanello los citó a todos a declaración indagatoria desde esta semana en Comodoro Py 2002, aunque no hizo lugar a los restantes pedidos de detención hechos por el fiscal
Por el momento la fiscalía -que tiene delegada la investigación- no cursó ningún pedido formal en relación a la situación de los dueños de otra droguería mencionada en los audios de Spagnuolo que fueron puntapié inicial para la causa, la familia Kovalivker.
Esta parte del caso está bajo estudio de la Sala II de la Cámara Federal porteña ante planteos de nulidades presentados por la defensa de los Kovalivker, en relación a la validez de los audios de Spagnuolo difundidos por la prensa y que llegaron a la Justicia.
