Cuatro ex miembros de la Policía de Salta fueron procesados por la detención ilegal y los abusos sufridos por una adolescente de 15 años en 1980. La investigación reveló que un agente de inteligencia había sido infiltrado como alumno en su colegio de Metán.
Pasaron cerca de 45 años. Era septiembre de 1980, y aunque el régimen militar intentaba mostrar señales de apertura política, el aparato represivo continuaba operando sin demasiados cambios. En el colegio Juan Carlos Dávalos de la localidad de Metán, en la provincia de Salta, el Servicio de Inteligencia había infiltrado a uno de los suyos. No se trataba de un docente o un preceptor: eligieron nada menos que a un espía capaz de confundirse con un alumno de 15 años. La misión era identificar a los estudiantes que habían escrito en las paredes frases consideradas “subversivas”. Señaló a dos chicas. Dos días después, una de ellas desapareció.
El entonces juez federal Ricardo Lona -más tarde condenado por delitos de lesa humanidad- firmó una orden de allanamiento “en busca de material ideológico subversivo”. La policía actuó sin límites. De las dos alumnas sospechadas, una fue liberada. La otra, de 15 años, fue ilegalmente detenida y encerrada durante un mes en la comisaría de Metán. Allí, según determinó la investigación, fue abusada sexualmente y torturada en reiteradas ocasiones.
El 15 de octubre pasado, tras una investigación impulsada por el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, la jueza federal Mariela Giménez dictó el procesamiento de cuatro implicados: el ex comisario mayor José Paulino Almeida y el ex oficial auxiliar Carlos Giménez, en calidad de autores, y la ex comisaria Marta Adelina Rojas y el exagente Pedro Pablo Piquard, como partícipes secundarios del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con abuso funcional y violencia.
El fallo destaca que el testimonio de la víctima fue “espontáneo y detallado, con todos los indicadores de verosimilitud”, y que su declaración “posee coherencia lógica entre el discurso y el estado emocional con que relató los hechos”. La jueza consideró acreditado que las agresiones sexuales sufridas durante su detención formaron parte de “una práctica sistemática y generalizada en la comisaría de Metán”.
En la resolución, Giménez recordó los fundamentos de la ex jueza Lucila Larrandart, quien advirtió que “la violación sexual fue una práctica sistemática y generalizada en los centros clandestinos de detención” y que “los delitos sexuales son equiparables a la tortura en cuanto crimen de lesa humanidad”.
