El testimonio sobre la muerte de Lucila Révora, ex ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, volvió a ser discutido por la defensa, que pidió restar valor a declaraciones retractadas. Fiscalías y querellas buscan revertir absoluciones.
La Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante hoy la audiencia de informes del quinto tramo de la megacausa por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo (ABO), uno de los circuitos represivos más activos bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar.
El tribunal, integrado por Mariano Hernán Borinsky (presidente), Javier Carbajo y Gustavo Hornos, escuchó a las partes en el marco de la revisión de las absoluciones y condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal Nº 2 en 2022, que impuso penas de 25 años de prisión al exagente de la Policía Federal Carlos Alberto Infantino y a los ex gendarmes Miguel Pablo Lugo, Sergio Raúl Nazario y Hugo Luis Medina por delitos de lesa humanidad contra 385 víctimas.
Un testimonio bajo la lupa: la muerte de Lucila Révora
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el planteo defensivo en favor de Miguel Pablo Lugo -condenado en el juicio- y de Miguel Víctor Pepe -absuelto-. Su representación cuestionó la validez de los testimonios de los ex gendarmes Federico Eric Fabián Talavera y Omar Eduardo Torres, quienes inicialmente señalaron a ambos imputados como responsables de secuestros, tormentos y homicidios, pero luego se retractaron durante el debate.
La defensa enfatizó especialmente un pasaje del juicio oral donde los testigos habían descripto el operativo en el que fue asesinada Lucila Adela Révora, militante peronista y madre del ex ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Su mención volvió a resonar en la sala como punto sensible y de fuerte carga histórica dentro del expediente ABO, considerado uno de los procesos más amplios y complejos sobre terrorismo de Estado en el país.
Lo que queda por resolver
Además del pedido de nulidad respecto de los testimonios cuestionados, la Sala IV deberá analizar los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la querella unificada. Las presentaciones buscan revertir la absolución de Pepe y otras absoluciones parciales relacionadas con homicidios agravados, privaciones ilegales de la libertad y tormentos.
El fallo de Casación, aún sin fecha, definirá el futuro judicial del tramo ABO V: si confirma las condenas y absoluciones, o si ordena un nuevo juzgamiento para los puntos discutidos. Casi cincuenta años después de los hechos, la megacausa continúa avanzando entre testimonios, rectificaciones, revisiones y una memoria que insiste en no ceder.
