La FAM defiende el traspaso como un mandato constitucional pendiente desde 1994, pero el proyecto de modernización laboral desata un rechazo masivo ante el riesgo de disolver el fuero del Trabajo. Dos batallas simultáneas que tensan al Poder Judicial y al oficialismo.
La Comisión de Estudio y Análisis sobre la Transferencia de Competencias -un órgano creado por el Ministerio de Justicia de la Nación- continúa su ronda de reuniones y consultas para evaluar el traspaso de la Justicia Nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La discusión, que combina elementos constitucionales, políticos y operativos, volvió a ocupar el centro de la agenda judicial.
En ese marco, la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), Marcela Ruiz, defendió con énfasis la constitucionalidad y la necesidad institucional del traspaso. Sostuvo ante la Comisión que el proceso no debe interpretarse como una negociación coyuntural entre gobiernos, sino como la ejecución de un mandato constitucional vigente desde la reforma de 1994, que consagra la autonomía plena de la Ciudad en materia judicial.
Según explicó, avanzar en la transferencia permitiría evitar duplicidades jurisdiccionales, mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos porteños y fortalecer un federalismo cooperativo alineado con la letra y el espíritu de la Constitución.
Ruiz también advirtió que, más allá de los fundamentos jurídicos, el proceso exige resolver desafíos operativos clave: garantizar los derechos del personal judicial -salarios, antigüedad, régimen jubilatorio- y asegurar la infraestructura necesaria para que los tribunales locales funcionen con independencia funcional y económica.
La contracara: rechazo a una posible disolución de la Justicia Nacional del Trabajo
Mientras avanza el debate sobre el traspaso de competencias ordinarias, otro frente genera una creciente preocupación en el ámbito judicial: la situación de la Justicia Nacional del Trabajo.
La presentación en el Senado del proyecto de Ley de Modernización Laboral, que incorpora artículos orientados a limitar la discrecionalidad de los jueces laborales y plantea una “disolución progresiva” del fuero laboral nacional, desató una fuerte respuesta institucional. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su rechazo “de manera categórica” a cualquier iniciativa que implique la eliminación del fuero.
En un comunicado, la entidad sostuvo que tales modificaciones afectarían no sólo la independencia judicial, sino también derechos y garantías esenciales de los trabajadores. Además, reclamó que cualquier reforma en la materia se diseñe “dentro de un marco de respeto a las instituciones”.
El pronunciamiento se inscribe en un clima de tensión creciente entre la Casa Rosada, sectores del oficialismo, magistrados y organizaciones gremiales, que advierten que la eventual desaparición del fuero laboral podría debilitar los mecanismos de resolución de conflictos en un contexto económico y social ya de por sí complejo.
