La Asociación de Magistrados rechazó “de manera categórica” los artículos que prevén la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo. El clima se tensó tras la presentación del proyecto en el Senado y la reacción del fuero laboral fue inmediata.
La presentación del proyecto de Ley de Modernización Laboral en el Senado encendió una fuerte reacción en el Poder Judicial. En menos de 24 horas, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) emitió un comunicado en el que rechaza enfáticamente varios artículos de la iniciativa impulsada por el Gobierno, en especial aquellos que prevén la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo, uno de los bastiones históricos del fuero laboral.
Los jueces laborales “se declararon en alerta” y comenzaron gestiones internas ante lo que consideran un avance directo sobre la estructura y la competencia del fuero nacional. La tensión se trasladó rápidamente al resto del Poder Judicial, donde se interpreta que el proyecto abre una puerta a la redefinición profunda -e incluso al vaciamiento- de la jurisdicción laboral.
Un rechazo institucional sin matices
En su comunicado oficial, firmado por el presidente de la AMFJN, Andrés Basso, y la secretaria general, Carolina Ocampo, la entidad sostiene:
“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechaza de manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral (…) tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”.
La AMFJN cuestiona especialmente la redacción de los artículos 90 y 91, que afectan directamente la continuidad del fuero laboral nacional. Para los jueces, estos cambios son “inadmisibles” porque atentan contra la vida del fuero y desconocen principios básicos de organización judicial.
El documento avanza aún más y remarca que cualquier reforma debe darse “dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”.
El artículo incluido “a último momento”
La polémica escaló aún más con la incorporación, de manera sorpresiva, del artículo 91 al proyecto antes de su envío al Congreso, que no figuraba en versiones anteriores del texto y fue sumado a último momento por el Ejecutivo.
Ese artículo establece que: La Justicia Nacional del Trabajo “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.
Esta cláusula abre la puerta a que los juzgados laborales se transfieran a la ciudad de Buenos Aires, un proceso que históricamente estuvo en discusión, pero que ahora -a juicio del Gobierno- se aceleraría con el argumento de cumplir con la autonomía porteña prevista en la Constitución. Desde el oficialismo se interpreta que esta medida es compatible con fallos recientes de la Corte Suprema, que habilitaron al Tribunal Superior de Justicia de CABA a intervenir como instancia revisora en materia laboral, un punto que generó aún más fricción entre magistrados y el Gobierno.
En el distrito porteño, funcionarios destacan que la Ciudad ya cuenta con un fuero laboral local -creado recientemente- que funcionaría como destinatario natural de las competencias transferidas, y que existe desde principios de año una comisión conjunta de Nación y CABA para trabajar en acuerdos de transferencia.
Estado de alerta y evaluación de acciones
La asociación informó que se mantiene en “estado de alerta permanente”, mientras analiza en detalle los alcances de la iniciativa y coordina acciones con magistrados y funcionarios del fuero laboral.
El malestar interno no es menor: la Justicia Nacional del Trabajo -creada hace más de siete décadas- es considerada una de las jurisdicciones más especializadas del país y un espacio con fuerte tradición protectoria.
El proyecto del Gobierno, en cambio, propone su disolución y el traspaso progresivo de competencias a las jurisdicciones locales, en línea con un proceso de “reordenamiento institucional” que ya generó fricciones en otros ámbitos.
La AMFJN ya anticipó que seguirá trabajando en un “estudio minucioso” de los pasos a seguir. La confrontación, lejos de apagarse, recién comienza.
