El magistrado del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa no puede cruzarse con empleados de su propio juzgado por orden judicial. Ahora deberá dar explicaciones ante la Comisión de Acusación, que investiga su conducta por presunto mal desempeño, acoso laboral y violencia de género.
El juez Pablo Ramiro Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, llega citado al Consejo de la Magistratura con un antecedente de extrema gravedad institucional: tiene procesamiento penal confirmado, en breve saldrá el pedido de elevación a juicio, y rige en su contra una medida que le prohíbe mantener contacto o cruzarse con empleados de su propio juzgado, en el marco de una causa por violencia de género, abuso de poder, amenazas y violencia laboral. Sin embargo, una de las mujeres víctimas realizó una nueva presentación en la Fiscalía denunciando que el hostigamiento por parte del magistrado continúa.
En ese contexto, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación lo citó para el 10 de febrero, a fin de que brinde su versión en una causa por mal desempeño de sus funciones, originada en múltiples denuncias del personal judicial de Santa Rosa.
Procesamiento penal y restricciones vigentes
El procesamiento -confirmado por la Cámara- describe un patrón de hostigamiento, intimidación y abuso de autoridad contra trabajadores del juzgado, con impacto directo en la salud física y psíquica de las víctimas. Como parte de ese proceso, la Justicia dispuso medidas cautelares, entre ellas una orden de restricción de contacto, que impide al magistrado coincidir o interactuar con empleados judiciales, una situación inédita para un juez en funciones.
Ese antecedente penal fue incorporado como elemento central en el expediente disciplinario que tramita en el Consejo y que analiza si esas conductas configuran causales de remoción por mal desempeño.
Cargos disciplinarios y prueba reunida
Días atrás, la Comisión resolvió cerrar la etapa de testimoniales y mantener la formulación de cargos contra Díaz Lacava por “ejercer el cargo de magistrado de la Nación con graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro, y por haber ejercido violencia y acoso laboral y violencia contra la mujer” respecto de las personas identificadas en el dictamen.
El expediente -identificado como N.º 44/2023, conformado a partir de actuaciones remitidas por el Juzgado Federal de Santa Rosa- reúne 27 declaraciones testimoniales, además de informes de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección de las Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación y evaluaciones del Cuerpo Médico Forense.
El consejero Álvaro González, al presentar su proyecto, sostuvo que la prueba incorporada resulta suficiente y que el magistrado ejerció plenamente su derecho de defensa, por lo que descartó la necesidad de nuevas medidas probatorias.
Entre los hechos descriptos en el dictamen figura incluso un episodio de extrema violencia institucional: el arrojamiento de una piedra desde la vía pública contra una ventana del primer piso donde se encontraba personal judicial.
Audiencia clave ante la Comisión
La Comisión de Acusación -presidida por el senador Luis Juez e integrada por Diego Barroetaveña, Álvaro González, César Grau, Alberto Maques, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Fernanda Vázquez- resolvió por unanimidad citar al magistrado para oír su descargo.
La audiencia del 10 de febrero será un punto de inflexión: con un procesamiento penal firme y una perimetral vigente, el Consejo deberá evaluar si la continuidad de Díaz Lacava en el cargo resulta compatible con los estándares de conducta, idoneidad y decoro exigidos a un juez federal, o si corresponde avanzar hacia una acusación formal por mal desempeño.
