Por mayoría, la Sala I anuló un fallo que había rechazado medidas clave pedidas por la querella y entendió que el caso debe analizarse bajo estándares de violencia institucional y posible responsabilidad internacional del Estado.
A más de dos décadas de la misteriosa muerte del soldado Mauro Ramírez en un destacamento de Misiones, la Cámara Federal de Casación Penal reactivó la causa. Es que la Sala I hizo lugar al recurso presentado por la querella que representa a la madre de la víctima y habilitó la continuidad de la investigación.
El pronunciamiento fue adoptado por los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, con la disidencia de Diego Barroetaveña, y dejó sin efecto una resolución previa que había cerrado la puerta a nuevas declaraciones indagatorias solicitadas por la parte acusadora.
Mauro Ramírez tenía 21 años cuando el 26 de junio de 2003 perdió la vida mientras cumplía tareas de guardia en el Destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino, en la localidad misionera de Apóstoles, tras recibir un disparo con su arma reglamentaria.
El derrotero judicial del caso estuvo marcado por archivos y reaperturas. En un primer tramo, la investigación tramitó en la justicia provincial y fue cerrada bajo la hipótesis de un suicidio. Más tarde, tras denuncias impulsadas por la mamá de la víctima, la Corte Suprema de Justicia resolvió que debía intervenir la justicia federal, lo que derivó en nuevas medidas y posteriores decisiones de archivo.
Con el paso de los años, la causa volvió a reactivarse a partir de la intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que señalaron deficiencias en la instrucción y la existencia de irregularidades. En ese contexto, la querella pidió que se citara a declarar a un soldado y a un suboficial que se encontraban con Ramírez al momento del hecho, bajo la hipótesis de una mala manipulación del arma durante el cambio de guardia.
Ese pedido fue rechazado por el juez federal y la decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, que sostuvo que la citación a indagatoria es una facultad discrecional del magistrado instructor. Frente a ese escenario, la querella recurrió en casación.
En su dictamen, el fiscal general Javier De Luca consideró que el caso constituía una excepción a la regla general que limita la revisión de ese tipo de decisiones, al advertir que “se encuentra involucrada la posible responsabilidad internacional del Estado argentino”.
En su voto, el juez Slokar remarcó que el hecho investigado “resulta especialmente de gravedad” y que debía ser analizado bajo la categoría de violencia institucional, al tratarse de la muerte de un soldado en un contexto de restricción de autonomía, con posible intervención de agentes estatales. Advirtió además que omisiones en la investigación podrían “acarrear eventual responsabilidad internacional”.
El camarista también cuestionó la falta de tratamiento adecuado de los agravios planteados por la querella y sostuvo que se habían soslayado estándares vinculados al acceso a la justicia de las víctimas y a la investigación de violaciones a los derechos humanos, lo que tornaba arbitraria la decisión impugnada.
Mahiques, en línea con ese criterio, subrayó que la tutela judicial efectiva no se agota en un acceso formal a los tribunales y que exige una respuesta “motivada y razonable” frente a los planteos de las víctimas.
En disidencia, Barroetaveña entendió que el recurso debía ser rechazado. A su criterio, la negativa a tomar las indagatorias solicitadas no impedía que la investigación continuara y no configuraba un supuesto de arbitrariedad. Sostuvo además que, hasta el momento, “las pruebas reunidas en el caso no permiten cimentar la sospecha suficiente” para avanzar con esas medidas y que el derecho a la tutela judicial efectiva había sido garantizado.
Con esta decisión, la causa vuelve a quedar abierta, con la obligación de profundizar la investigación sobre las circunstancias en las que murió el soldado Ramírez.
