Tras comprobarse que fue adquirida con fondos ilícitos, la Justicia ordenó el decomiso de la mansión del ex Secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, permitiendo su subasta como parte del proceso de recuperación de bienes provenientes de la corrupción.
El Gobierno nacional avanzó esta semana con la subasta de una mansión ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto, una propiedad que pertenecía a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, y que había sido decomisada en el marco de la causa conocida como “Cuadernos”. La operación, valuada en 673.454 dólares, no es un hecho aislado: es la consecuencia jurídica de un proceso penal que permitió acreditar que el inmueble fue adquirido con fondos provenientes de la corrupción en la obra pública.
Pero ¿por qué el Estado pudo subastar esa vivienda y convertirla en dinero público?
El decomiso como herramienta clave
La respuesta está en la figura del decomiso penal, una herramienta que permite al Estado quitar definitivamente a los condenados o imputados los bienes obtenidos como producto o beneficio del delito. En la causa Cuadernos, la Justicia determinó que parte del patrimonio de Muñoz -incluida la propiedad de Devoto- no podía explicarse por ingresos lícitos y estaba directamente vinculado a maniobras de corrupción estructural.
Una vez probado ese origen ilícito, el bien dejó de ser considerado propiedad privada y pasó a integrar el patrimonio del Estado, habilitando su administración, disposición y eventual subasta.
De la incautación a la venta
El camino no es automático. Primero, el inmueble fue incautado y asegurado durante la investigación, para evitar su ocultamiento o transferencia. Luego, con el avance del proceso y las resoluciones judiciales que confirmaron su origen espurio, se dispuso el decomiso definitivo.
Recién en esa instancia el Estado quedó legalmente habilitado para vender la propiedad. La subasta no tiene un fin meramente recaudatorio: busca evitar el deterioro del bien, convertirlo en un activo líquido y canalizar esos fondos hacia el interés público.
El inmueble -una vivienda de cuatro plantas con quincho, gimnasio, sauna y cocheras- figuraba formalmente a nombre de Madaco S.A. y permaneció siempre alquilado. En el expediente de la causa Cuadernos, la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, reconoció que percibía tanto el alquiler de la propiedad como el de las cocheras asociadas.
Este miércoles, finalmente, el Gobierno nacional concretó la subasta, aunque a un valor sensiblemente inferior al estimado al inicio de la investigación: 926.263 dólares.
El rol de Muñoz
Daniel Muñoz, fallecido en mayo de 2016, fue uno de los hombres más cercanos a Néstor Kirchner y tuvo un rol clave en el entramado de corrupción que la Justicia atribuye al expresidente.
Según múltiples testimonios y pruebas judiciales, era quien trasladaba bolsos con dinero hacia el sur del país, especialmente a propiedades vinculadas a la familia Kirchner.
En 2009, Bonadío lo imputó por enriquecimiento ilícito junto a otros exfuncionarios y allegados del entorno presidencial, como Fabián Gutiérrez e Isidro Bounine.
Qué significa esta subasta
La venta de la mansión de Muñoz representa un mensaje institucional claro: la corrupción no sólo se investiga y se sanciona, sino que también tiene consecuencias patrimoniales concretas. En términos simbólicos y jurídicos, el Estado recupera lo que fue desviado y lo reintegra -al menos parcialmente- a la sociedad.
En un país atravesado por décadas de escándalos de corrupción con escasa recuperación de activos, la subasta de este inmueble marca un precedente relevante: el dinero proveniente del delito puede y debe volver a los argentinos, no sólo a través de condenas, sino también mediante la restitución efectiva de los bienes obtenidos ilegalmente.
La mansión de Villa Devoto deja así de ser un emblema del enriquecimiento ilícito para convertirse en un caso testigo del uso del decomiso como herramienta central en la lucha contra la corrupción.
