Por Romina Manguel
Cuando el Gobierno de Javier Milei ganó las elecciones nacionales de octubre salió a marcar la agenda política. Planteó que tiene cuatro prioridades en lo inmediato en el Congreso de la Nación, donde el 2025 le fue esquivo con muchas derrotas y pocas victorias. Esos objetivos son: la sanción del Presupuesto para el año que viene, la reforma laboral y tributaria y un nuevo Código Penal. Y en ese orden.
Son los ejes de la política libertaria de Milei: un cambio laboral y tributario que en su ideal hará crecer más al país y un Código Penal con penas más duras (aumentan las penas de los delitos cometidos por funcionarios públicos, por ejemplo) y agiornado a la nueva era. No ya el viejo código con más de mil cambios, sin una mirada integral que parecía un engendro donde el poder de turno tachaba y ponía artículos a su antojo.
El Gobierno ya anunció que desde el 10 de diciembre -cuando asuman los nuevos senadores y diputados nacionales que van a engrosar las bancadas de “La Libertad Avanza”- llamará a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto de gastos para el 2026. Para el verano, en una nueva convocatoria a sesiones, se espera el resto de los temas. Porque el código es con plata o no es. ¿Por qué? Porque va de la mano con la implementación del nuevo Código Procesal Penal en todo el país. Más poder a los fiscales, procesos breves. Para todo eso se requiere una infraestructura que hoy no está. ¿Será realmente una prioridad para el Gobierno, aún si desafía el déficit cero?
En esa agenda, el Código Penal aparece el proyecto más relegado frente a los otros. Pero no por eso no prioritario para el Poder Ejecutivo. De hecho, fue presentado a principio de octubre por el propio Milei, en un lugar que le dio mucho simbolismo: la cárcel federal de Ezeiza. Lo hizo junto a la saliente ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que en la campaña presidencial, cuando enfrentaba a Milei, proponía construir la cárcel de máxima seguridad “Cristina Kirchner”.
Pero la reforma presente algunos interrogantes que vale la pena plantear. ¿El Congreso aprobará un Código Penal más punitivista para un Gobierno con un discurso duro? ¿Será este el Código sancionado luego de dos intentos fallidos durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri? ¿El kirchnerismo tendrá la fuerza política, y los votos, para que no se eleven las penas por corrupción, un tema tan cercano a ese espacio? ¿El contexto volátil de un país donde un viernes el Gobierno está a punto de derrumbarse y un domingo es el mejor del mundo cambiará las prioridades y hará que el proyecto de reforma del Código Penal sea sólo una pila de papeles?
El Código Penal se sancionó por primera vez en 1921. Ese texto original tenía las particularidades propias de hace un siglo. Como ejemplo de algo actual como la detención de Cristina Kirchner por su condena en la causa “Vialidad”, ya entonces estaba permitida la prisión domiciliaria. “Cuando la prisión no excediere de seis meses podrán ser detenidos en sus propias casas las mujeres honestas y las personas mayores de sesenta años y valetudinarias“, decía la primera versión.
Desde entonces nunca hubo una revisión y reforma integral del Código. Lo que se hicieron fueron cerca de mil -literal- cambios al texto para su actualización con la incorporación de nuevas leyes. Para muchos fueron parches sin una mirada de política criminal en las que se hayan pensado las reformas con sentido de una seguridad integral. Un ejemplo de eso fue cuando en 2004 el Congreso aumentó las penas tras el reclamo social por el secuestro y el crimen del joven Axel Blumberg. ¿El resultado? Los delitos no bajaron.
El gobierno de Milei, a través del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, convocó en febrero de 2024 a una comisión para trabajar en la reforma integral del Código. La misma estuvo integrada por el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, Jorge Buompadre; los abogados Horacio Romero Villanueva, María Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena; los jueces de Tribunales Orales Julio César Báez y Ricardo Basílico; la jueza federal María Eugenia Capuchetti; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky; los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación Carlos Manfroni y Fernando Soto y el propio Cúneo Libarona.
La reforma se puede reducir en tres ejes centrales: penas más altas, la imprescriptibilidad de delitos graves y el cumplimiento efectivo de las condenas. Además, propone la baja de la edad de inimputabilidad, un tema de mucha sensibilidad social.
Sobre el aumento de las penas de prisión, por ejemplo, el homicidio pasa de la actual escala de 8 a 25 años a una de 10 a 30 años; la pornografía infantil llega a los nueve años de cárcel; y la trata de personas hasta 15 años cuando es un hecho agravado. También se elevan el robo, el hurto, las estafas, la portación ilegal de armas, las lesiones, el abuso de armas, la privación ilegal de la libertad, las amenazas, entre otros.
Un capítulo central son los delitos de corrupción. El cohecho (sobornos) hoy tiene una escala penal de uno a seis años y el proyecto la lleva de tres a diez y la agrava hasta 15 años cuando quien comete ese delito es el Presidente, el Vice, ministros, gobernadores, intendentes, jueces o legisladores. Y si la coima se da en una causa de crimen organizado (narcotráfico o terrorismo) llega a los 20 años. La pena máxima del enriquecimiento ilícito se eleva al doble: de seis a 12 años. También se aumentan las condenas para las dádivas, la malversación de caudales públicos, el peculado, el tráfico de influencias y el lavado de dinero.
Los delitos graves serán imprescriptibles, propone la reforma. Es decir que no tendrán plazos para ser investigados. Allí están los homicidios agravados, los abusos sexuales, los delitos sexuales vinculados a menores, el narcotráfico, la trata de personas, los atentados contra el orden constitucional y el terrorismo.
El aumento de las penas busca también que las condena sean de cumplimiento efectivo y el proyecto restringe libertades anticipadas para los reincidentes y quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte o delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, entre otros.
También baja la edad de imputabilidad a los 14 años –hoy es de 16- para los delitos graves. Y crea nuevas figuras que pueden ser punibles: acoso en ámbitos laborales y educativos, la pornovenganza, o los fraudes piramidales.
“Para que la gente comience a estar de nuevo segura, necesitamos cambiar el sistema de fondo. Años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las Fuerzas de Seguridad, a los jueces y a los fiscales que, sí querían combatir el crimen, mientras les daban vía libre y excusas a los criminales”, dijo Milei cuando presentó el nuevo Código. Y completó: “Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición y por eso necesitamos tolerancia cero”.
Esa es la letra fría del texto. Lo caliente vendrá en la pelea política cuando el Gobierno envíe el proyecto al Congreso de la Nación. “Que este conjunto de reformas se implemente o no, depende directamente del Congreso de la Nación. Depende de que quienes estén sentados en las butacas del poder Legislativo tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes. El país necesita diputados y senadores que comprendan esto, no hay puntos medios”, arengó el Presidente con la cárcel de Ezeiza a sus espaldas.
Y ahí, en ese punto, es donde se abren algunos interrogantes que son necesarios plantear para saber cómo puede ser el camino y advertir que el entusiasmo del Gobierno nacional encuentre algunos escollos.
Tal vez el más grande sea si el Código efectivamente avanzará. El interrogante no es formal, sino de la propia experiencia. En otras dos oportunidades comisiones simulares modificaron el Código Penal y el Congreso no los aprobó. Fue durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Las comisiones que presentaron sus trabajos. Inclusive tenían miradas políticas diversas con la intención de que ese consenso facilite su aprobación en el Senado y Diputados Congreso. Pero no ocurrió.
En el caso que haya impulso para que la discusión se de también se abren preguntas. El Código es una propuesta de la Comisión, por lo que el Congreso tiene las facultades de hacerle todas las reformas que quiera y considere necesarias. Allí las miradas políticas serán centrales. Se entiende que habrá apoyado cerrado de los legisladores del oficialismo y que no tendrán problemas en convencer a sus aliados, como el PRO. Y otros que por convencimiento o coyuntura política se sumarán.
Pero se descarta que la izquierda rechace cualquier modificación. Son pocos votos, por lo que su postura no será determinante. Sí lo será la del peronismo en sus distintas formas y la del kirchnerismo. Los diputados y senadores nacionales que responden a la expresidenta –un número fuerte pero incierto a partir del recambio en el Congreso por posibles salidas del bloque- tienen una mirada crítica sobre el Poder Judicial, sobre todo de aquellos jueces y fiscales como los de Comodoro Py que investigaron, mandaron a juicio oral y condenaron a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Uno de los ejes centrales es el aumento a las penas por los delitos de corrupción. Un delito que pega de lleno en la sensibilidad de la gente, con el que se hizo campaña política en todas las elecciones y que, desde ya incomoda al kirchnerismo, con Cristina Kirchner presa en detención domiciliaria, con Julio De Vido –ex funcionario todopoderoso y emblema de esos gobiernos- en la cárcel de Ezeiza cumpliendo condena por la tragedia ferroviaria de Once que tuvo como lema “La corrupción mata” y cuando se está desarrollando el juicio oral más grande de la historia argentina por pago de coimas, el de los cuadernos de la corrupción.
Un debate que a ese espacio político lo incomoda.
Así, la discusión generará contraposiciones duras. El Gobierno tiene un discurso fuerte contra la inseguridad que es acompañado por la sociedad. “El que las hace, las paga”, repite Milei. Es más suave que “el cárcel o bala” que proponía José Luis Espert, ya afuera de todo debate público y con imputaciones por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La Libertad Avanza afrontará el debate con bloques fuertes: cerca de 91 diputados y 20 senadores. Debe contar con aliados y convencer a otros bloques. Un desafío político. Pero también una oportunidad histórica: reformar un texto central para la sociedad, lo que no se pudo lograr en los últimos 100 años.
