La Justicia Federal de Rafaela los imputó por retener aportes previsionales y de obras sociales que nunca fueron depositados, y ordenó embargar sus bienes hasta cubrir $90 millones cada uno.
La causa que investiga el manejo de los aportes sociales en Sancor Cooperativas Unidas Limitadas avanzó en las últimas semanas con el procesamiento de dos exdirectivos. Es que el juez federal de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, consideró probado que ambos retuvieron fondos destinados a la seguridad social y no los ingresaron al sistema, generando un perjuicio que supera los 1.600 millones de pesos.
La resolución hizo lugar al planteo del fiscal federal Gustavo Onel y rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba formulado por las defensas. Según el fallo, uno de los imputados —presidente del Consejo de Administración entre febrero de 2020 y octubre de 2022— quedó acusado por 17 hechos de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, mientras que a su sucesor —que ocupó el cargo entre noviembre de 2022 y febrero de 2024— se le atribuyeron otros 16 episodios similares.
El caso se originó a fines de 2023, cuando trabajadores de la planta santafesina de Sunchales denunciaron que la empresa no había depositado los aportes jubilatorios ni los correspondientes a obras sociales, pese a haberlos descontado de los salarios.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación provincial, que luego declinó competencia por tratarse de un presunto delito federal. En paralelo, empleados de la planta bonaerense de Don Torcuato impulsaron una presentación similar ante la Justicia de San Isidro, que también derivó el expediente a Rafaela, donde se unificaron las actuaciones.
De acuerdo con las constancias reunidas, la cooperativa actuaba como agente de retención de los aportes, pero no cumplía con el depósito dentro de los plazos legales. El monto total que, según la investigación, fue retenido y no ingresado asciende a $1.644.440.882. Para el fiscal, la maniobra quedó respaldada por denuncias de trabajadores, ratificaciones judiciales, informes previsionales extraídos de la entonces AFIP, órdenes de intervención, documentación del INAES y registros societarios de la empresa.
En su resolución, el juez fue categórico al analizar la conducta atribuida a los exdirectivos. Señaló que “los nombrados, habiendo sido presidentes del Consejo de Administración, conocían la calidad de agente de percepción y retención de los aportes” y que “tuvieron la voluntad de no cumplir con el mandato preceptivo (depositar)”. En ese marco, sostuvo que “en su ánimo existió la intención de eludir las obligaciones con el propósito de una mejora patrimonial”, destacando que la suma total involucrada supera los 1.600 millones de pesos.
El magistrado agregó que las conductas investigadas “se presentan como un obrar intencional y libremente realizado, por lo tanto, voluntario” y que en esta etapa del proceso “no hay dudas de que los imputados contaban con el dominio de los hechos que se les atribuyen”. También destacó que, por la posición jerárquica que ocupaban en la cooperativa, quedó “probada holgadamente la retención y la omisión de ingresar los aportes al Sistema Único de la Seguridad Social”.
Además del procesamiento, Cuello Murúa ordenó el embargo de bienes de ambos imputados hasta cubrir $90 millones cada uno y advirtió que, si no se ofrecen bienes en el plazo fijado, se avanzará con la inhibición general. La decisión fue adoptada sin prisión preventiva, ya que la fiscalía no la solicitó al considerar que los acusados no tienen antecedentes penales, cuentan con domicilio conocido y se presentaron voluntariamente ante la Justicia. De todos modos, deberán cumplir con las obligaciones procesales y comunicar cualquier cambio de domicilio mientras avance la causa.
