El Tribunal Superior de Justicia dispuso pagar la recomposición salarial que eleva los haberes de sus miembros a cifras millonarias, pese a que su Presidente había ordenado suspenderla por falta de mayoría y legitimidad.
La fuerte interna que vive el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz por los aumentos de sueldos sumó un nuevo capítulo. Mientras el presidente del cuerpo, Daniel Mariani, había ordenado frenar la liquidación con una suba del 42% por considerarlo inválido, una mayoría del propio cuerpo resolvió avanzar y dispuso que la recomposición sea efectivamente pagada.
La decisión quedó plasmada en una resolución del TSJ que instruyó a la Dirección General de Administración a liquidar y abonar los haberes conforme a las pautas salariales fijadas a fines de 2025. El pronunciamiento se conoció luego de que Mariani solicitara formalmente suspender la aplicación del incremento, al advertir que había sido aprobado sin contar con la mayoría mínima del cuerpo ni con una integración válida del tribunal.
En su planteo, Mariani sostuvo que el aumento carecía de legitimidad porque fue dispuesto por cuatro vocales que no reconocen la ampliación del Tribunal de cinco a nueve miembros, aprobada por la Legislatura provincial. Según expresó, la medida salarial fue adoptada por “un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949”, por lo que la calificó como inexistente y carente de validez.
Sin embargo, la mayoría del Tribunal rechazó ese argumento. En la resolución que ordenó avanzar con la liquidación, los vocales recordaron que la ley que amplió la integración del TSJ fue declarada inconstitucional por una sentencia firme del propio cuerpo, dictada a partir de una acción promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”. En ese marco, señalaron que dicha norma carece de efectos jurídicos, al igual que todos los actos dictados en su consecuencia.
El Tribunal también afirmó que el aumento cuestionado no constituye una nueva decisión salarial, sino la formalización para el año 2026 de pautas ya acordadas y aplicadas previamente para magistrados, funcionarios y empleados judiciales. Según expusieron, el esquema responde a un criterio histórico adoptado desde 2009, que toma como referencia los incrementos salariales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y consensuados en el ámbito de la negociación paritaria.
Además, destacaron quela recomposición fue diseñada de manera escalonada y prevista en el anteproyecto de Presupuesto 2026, con el objetivo de asegurar su viabilidad financiera y preservar la proporcionalidad de toda la estructura salarial del Poder Judicial, cuyo cálculo se encuentra atado al sueldo básico de un vocal del Tribunal.
La resolución profundizó una fractura en el TSJ que viene desde agosto del año pasado, cuando la Legislatura amplió su composición. Desde entonces, los cuatro jueces que integraban el tribunal con anterioridad –Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau, Renée Fernández y Paula Ludueña Campos– desconocen a los nuevos vocales designados por el gobernador Claudio Vidal y avalados por el Parlamento.
El conflicto trascendió el ámbito judicial y generó fuertes cuestionamientos políticos y sociales, luego de que se conociera que los ingresos totales de los jueces podrían trepar hasta cerca de 24 millones de pesos hacia fines de 2026. El propio Vidal calificó el aumento como “un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”.
Pese a ese escenario, el Tribunal ratificó que la fijación de pautas salariales no es una facultad discrecional, sino una atribución constitucional vinculada a la autonomía financiera del Poder Judicial y a la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones, principios que consideró esenciales para la independencia judicial.
