El máximo tribunal provincial dispuso incrementos escalonados para magistrados y funcionarios que, según el Ejecutivo, llevarán los haberes a cifras millonarias. El gobernador Claudio Vidal y varios funcionarios cuestionaron con dureza la medida.
El aumento salarial dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz despertó una fuerte polémica en la provincia. La resolución estableció un incremento para la escala básica de magistrados y funcionarios del Poder Judicial superior al 40%, distribuido en dos tramos: subas del 4% mensual entre enero y julio de 2026, y del 3% mensual entre agosto y octubre.
Con este esquema, los sueldos básicos de las máximas autoridades judiciales pasarán a ser de 1.574.940 pesos desde enero y alcanzarán los 2.177.588 pesos en octubre del próximo año, lo que representa un aumento del 38,2% sobre el básico, sin contemplar otros adicionales.
Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que, en términos reales, los ingresos totales de los jueces del TSJ podrían pasar de cifras estimadas entre 13 y 16 millones de pesos en diciembre de 2025 a montos que oscilarían entre 19 y casi 24 millones hacia octubre de 2026.
La resolución fue firmada por las juezas Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña Campos. No contó con el aval del quinto integrante del tribunal, Daniel Mariani, ni con la participación de los cuatro nuevos vocales designados recientemente por el Poder Ejecutivo y la Legislatura. Esa exclusión se explica porque, el 18 de diciembre, los firmantes declararon inconstitucional la ley que amplió el TSJ de cinco a nueve miembros, una decisión que quedó sujeta a revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al respecto, el gobernador Claudio Vidal cuestionó fuertemente el aumento en una publicación que realizó en la red social X, en la que sostuvo que los jueces se “autoaumentan” hasta 24 millones de pesos, calificó la medida como “un acto de burla y una falta de respeto” y afirmó que no se trata de justicia, sino de “encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”.
Las críticas también llegaron desde el gabinete provincial. El secretario de Gobierno, Sebastián Georgion, definió la decisión como “obscena y totalmente desconectada de la realidad” y señaló que hablar de justicia implica pensar en causas que no avanzan y expedientes que permanecen años sin resolución.
En la misma línea, la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, sostuvo que parece que los poderes del Estado “no solo están en planetas distintos”, mientras que la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, remarcó que cuando se plantea ampliar la estructura judicial para mejorar el servicio, se invoca la falta de recursos.
Por su parte, el sindicato ATE Santa Cruz, conducido por Carlos Garzón, también rechazó el aumento mediante un comunicado. Allí sostuvo que el “salariazo autootorgado” alcanza un incremento acumulado cercano al 50% anual, en un contexto de fuerte vulnerabilidad social y económica. Además, cuestionó que los jueces se aumenten el sueldo “sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social”, y apuntó contra un Poder Judicial que, según el gremio, no rinde cuentas ni tributa el Impuesto a las Ganancias.
Frente a las críticas, el TSJ difundió un comunicado en el que defendió la resolución. Según indicó, los incrementos se dispusieron para evitar un desfasaje salarial entre jueces provinciales y sus pares de otras jurisdicciones. El máximo tribunal sostuvo que la medida responde a criterios de “equidad” y “razonabilidad”, y que busca preservar la independencia del Poder Judicial, apoyándose en doctrina y jurisprudencia sobre la intangibilidad de los salarios de los magistrados.
En ese mismo sentido, el tribunal señaló que los sueldos judiciales de Santa Cruz habían quedado retrasados frente a los de la Justicia federal y otros poderes judiciales provinciales, y que el esquema escalonado apunta a una actualización progresiva de los haberes, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
