Tras la condena al ex juez federal Walter Bento, la consejera Jimena de la Torre advirtió sobre una falla estructural del sistema judicial: la imposibilidad de suspender preventivamente a magistrados federales aún cuando pesan sobre ellos investigaciones penales graves.
Tras conocerse la responsabilidad penal del ex juez federal Walter Bento en una causa por corrupción, el tema generó un fuerte impacto en el ámbito jurídico y político de todo el país. Para explicar los alcances institucionales de este hecho, Radio Mitre Mendoza conversó con Jimena de la Torre, abogada e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, quien describió el fallo como “un hito clave para la solidez institucional del sistema judicial”.
De la Torre destacó que la condena no sólo significa una sanción individual -en este caso, para un magistrado- sino que también representa una respuesta del sistema de justicia frente a prácticas que “ensuciaban” la confianza pública. Según la consejera, el fallo contribuye a reforzar la credibilidad de los tribunales federales, un aspecto que, a su juicio, resulta “fundamental para los ciudadanos”.
Retrasos institucionales y propuestas de cambio
Durante la entrevista, De la Torre reconoció que el Consejo de la Magistratura debió actuar con mayor rapidez frente a las denuncias contra Bento. Recordó que, mientras se tramitaba un juicio político para apartarlo de su cargo, el ex juez seguía ejerciendo funciones y manteniendo presión sobre la Justicia Federal de Mendoza. “Los propios camaristas pedían removerlo del edificio que compartían”, señaló.
La abogada planteó que el Consejo carece de herramientas importantes para actuar preventivamente: a diferencia de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, el sistema nacional no permite apartar a un juez federal de sus funciones antes de que se complete todo el proceso de juicio político, incluso cuando existe una prisión preventiva ordenada.
Para subsanar ese vacío, De la Torre presentó proyectos de modificación legal ante legisladores y al Ejecutivo Nacional, con apoyos desde distintos espacios políticos, aunque -lamentó- sin avances significativos hasta el momento.
Transparencia y ética judicial
Otro eje de la entrevista fue la necesidad de actualizar el marco ético de la justicia federal. Según la consejera, la normativa vigente carece de un código de ética moderno y comprensivo para jueces federales, limitándose a un único artículo remontado a 1952. Como respuesta, desde su vocalía se impulsó la redacción de un código de ética con respaldo de diversas organizaciones profesionales, entre ellas el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
De la Torre confió en que este esfuerzo permitirá avances en transparencia, selección judicial y disciplina interna, aspectos que -a su juicio- son centrales para fortalecer la institucionalidad.
Mirada hacia adelante
En el cierre de la entrevista, la consejera consideró que, más allá de recursos de apelación, el desarrollo de este proceso penal y su impacto en el sistema judicial constituirán un precedente relevante. La sentencia, dictada por un Tribunal Oral -y aún sujeta a apelaciones y revisiones- marca, en su interpretación, un paso hacia una justicia más sólida y confiable para la sociedad argentina.
