Caso Bento: condena histórica por corrupción en la justicia federal de Mendoza

El Tribunal Oral Federal N° 2 declaró culpable al ex juez Walter Bento por liderar una asociación ilícita dedicada a la venta de resoluciones judiciales. El fallo expone un entramado de sobornos, familiares involucrados y más de 1,7 millones de dólares en maniobras ilegales, mientras se aguarda la audiencia de cesura que definirá las penas.

El fallo en la megacausa que investiga la corrupción dentro del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza marcó un hito en la historia judicial mendocina y nacional: el ex juez federal Walter Bento, alguna vez considerado uno de los magistrados más poderosos de la región, fue declarado culpable por múltiples delitos de corrupción.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza encontró probado que Bento lideró durante años una asociación ilícita de carácter permanente, dedicada principalmente a ofrecer beneficios judiciales -como libertades, sobreseimientos o resoluciones favorables- a cambio de dinero, bienes o favores.

Lo que determinó el veredicto

Entre los delitos por los que se lo halló responsable -todos en concurso real- se cuentan:

  • Asociación ilícita como jefe
  • Cohecho activo y pasivo
  • Enriquecimiento ilícito
  • Lavado de activos
  • Falsedad ideológica

Además, el tribunal valoró la existencia de una estructura familiar y operativa que permitió canalizar bienes y dinero lícitos e ilícitos para encubrir la maniobra delictiva, incluso con aparentes prestanombres y maniobras de dispersión patrimonial.

La condena está dictada, pero aún falta la audiencia de cesura, en la que se fijarán las penas para Bento y el resto de los imputados.

Quiénes fueron condenados en la causa

El tribunal halló culpables a las 33 personas imputadas, aunque con matices según los delitos y atenuantes procesales. Entre los principales:

  • Walter Bento: culpable por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento y lavado —con prescripción de algunos delitos menores.
  • Luciano Ortego y Jaime Alba: roles de organizadores de la banda.
  • Marta Boiza (esposa de Bento): implicada en enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
  • Nahuel Bento (hijo): lavado agravado como parte de la banda.
  • Otros agentes aduaneros, abogados y miembros de la red: cohecho activo agravado y otros delitos conexos.

La extensa lista refleja la complejidad del entramado, que abarcó desde operadores judiciales hasta integrantes del circuito penal federal.

Las últimas palabras de Bento antes de la sentencia

En la audiencia previa a la lectura formal de la sentencia, Bento defendió su inocencia y afirmó que el proceso fue “una cacería dirigida, insistiendo en que nunca se comprobó un soborno que lo vinculara directamente con los hechos que se le imputan. Asimismo, pidió que si alguien debía ser culpado, ese fuera él y no su familia.

Su discurso fue interrumpido en varias oportunidades por la presidenta del tribunal por reiterar argumentos ya expuestos.

El fiscal Dante Vega: investigación compleja y amenazas

El fiscal federal Dante Vega fue una de las figuras clave en la investigación y acusación contra Bento. Con una trayectoria extensa dentro del Poder Judicial, Vega encabezó la recolección de pruebas, testimonios y análisis que permitieron acreditar la existencia de la asociación ilícita liderada por el ex juez.

Desde antes del juicio, Vega recibió amenazas y advertencias graves vinculadas a su función como fiscal interviniente. En uno de los episodios ventilados durante el juicio, una imputada en otra causa declaró que un acusado le había pedido que “le desaparezca hasta el último dedo al fiscal Dante Vega”, un planteo que fue pedido por la fiscalía como prueba dentro del proceso.

Además, antecedentes periodísticos muestran que Vega incluso denunció amenazas de muerte y pidió custodia policial por el riesgo que corría durante la investigación de la causa.

Lo que sigue: audiencia de cesura y penas

Bento llegó a esta instancia privado de la libertad en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, donde se encuentra alojado desde noviembre de 2023. Su detención se produjo luego de que el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura dispusiera su destitución por mal desempeño, lo que implicó la pérdida de los fueros que hasta entonces impedían su arresto. Durante años, Bento fue titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, con competencia penal y electoral, y también ejerció la subrogancia del Juzgado Federal N° 2, una acumulación de funciones que le otorgó una posición de poder e influencia significativa dentro de la justicia federal de la provincia.

El juicio oral se inició en julio de 2023 y llegó a la etapa de debate con 25 imputados, sobre un total de 33 personas investigadas en el expediente. A lo largo de más de 130 audiencias, prestaron declaración cerca de 300 testigos y se examinó un volumen extraordinario de prueba, que incluyó cientos de miles de fojas y abundante evidencia digital. De acuerdo con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el entramado de sobornos investigado habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares, a través de pagos en efectivo, la entrega de vehículos de alta gama y la adquisición de inmuebles.

Al momento de la lectura del veredicto, la presidenta del tribunal puso de relieve la dimensión institucional del proceso. “No fue fácil juzgar a un par, cuando uno de los principales acusados ejercía una función similar a quienes debimos juzgarlo. Lo hicimos con firmeza, rigurosidad y apego a la ley”, sostuvo la presidenta del tribunal, Gretel Diamante.

Los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos en una resolución posterior. En tanto, el trámite judicial continuará con la audiencia de cesura, prevista para este miércoles a las 13 hs, instancia en la que se debatirá la pena que corresponderá a cada uno de los condenados. Esta instancia -que en el sistema penal acusatorio separa la decisión de culpabilidad de la determinación del castigo- será crucial para definir los años de prisión, la modalidad de cumplimiento y eventuales accesos a beneficios procesales para cada uno de los imputados.

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