La Justicia descartó la existencia de espionaje activo tras el hallazgo de cámaras ocultas en despachos oficiales de Entre Ríos, pero la causa sigue abierta para determinar responsabilidades administrativas y políticas vinculadas a su instalación y a la falta de información durante la transición de gobierno.
El hallazgo de cámaras ocultas en despachos oficiales de la Casa de Gobierno de Entre Ríos encendió una alarma institucional que combinó preocupación judicial, tensión política y un renovado debate sobre los límites del control interno en el Estado. En un contexto atravesado por discusiones sobre vigilancia, inteligencia y transparencia en la gestión pública, el caso derivó en una denuncia oficial y en la apertura de una investigación penal que, aunque descartó la existencia de espionaje activo, aún no fue cerrada.
La pesquisa se activó el 21 de enero, cuando se detectaron tres dispositivos de grabación de audio y video camuflados dentro de sensores de movimiento en oficinas oficiales. El descubrimiento motivó una denuncia inmediata por parte del Ejecutivo provincial y dio inicio a una serie de medidas judiciales, entre ellas peritajes preliminares y la toma de declaraciones testimoniales.
Con el avance de la investigación, la Justicia determinó que los dispositivos no estaban operativos al momento de su hallazgo y que corresponderían a instalaciones realizadas durante una gestión anterior, lo que permitió descartar la hipótesis de un espionaje en curso. “Quedó claro que se trata de aquellas cámaras y que no estaban operativas”, señalaron fuentes judiciales.
Los investigadores establecieron además que los equipos no estaban conectados a ningún sistema de transmisión ni grabación. Incluso, se despejaron dudas en torno a un cable cuyo recorrido había generado sospechas, al comprobarse que alimentaba un router que ya no se encontraba en el lugar y que había sido retirado tiempo atrás.
Aun así, la causa no fue archivada. Restan medidas pendientes, entre ellas la toma de testimonio al coordinador de Gabinete del gobierno provincial, José Luis Patiño, cuyo despacho alberga el rack donde se hallaron cables vinculados a una de las cámaras encontradas. En paralelo, el Ejecutivo anunció que designará peritos especializados para profundizar las pericias técnicas.
Mirar hacia atrás para entender el hallazgo
A medida que avanzaba la pesquisa, fiscales y peritos comenzaron a reconstruir antecedentes que permitieran explicar la presencia de los dispositivos. En ese recorrido retrospectivo emergió un episodio ocurrido en enero de 2019, que hoy vuelve a adquirir centralidad dentro del expediente.
En aquel momento, Edgardo Kueider, entonces Secretario General de la Gobernación, recibió un correo electrónico anónimo con un video adjunto que contenía imágenes grabadas en su propio despacho oficial. El mismo material fue enviado de manera simultánea a Sergio Urribarri, por entonces presidente de la Cámara de Diputados provincial.
Según se consignó en la denuncia, el video mostraba movimientos de dinero vinculados a fondos reservados y reuniones con colaboradores, lo que generó una fuerte preocupación en el funcionario. El hecho fue interpretado como una maniobra de extorsión, presuntamente asociada al proceso de reelección de autoridades legislativas de ese año.
Kueider denunció el hackeo ante la Justicia y se comunicó con el entonces fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Sin embargo, la causa no avanzó y terminó archivada. Entre los motivos que se señalaron, se indicó que el ex funcionario presentó un video editado y no el archivo original, lo que impidió profundizar la investigación judicial.
Ese antecedente resulta clave para el presente. En su declaración actual, Kueider explicó que durante su gestión ordenó la instalación de cámaras, pero que luego retiró el router y el DVR, dejándolas fuera de funcionamiento. Esa versión coincide con el estado en que fueron hallados los dispositivos recientemente. El ex funcionario se encuentra hoy bajo prisión domiciliaria en Paraguay por una causa de contrabando.
Además de su testimonio, la investigación incorporó declaraciones de técnicos que revisaron las instalaciones, del personal que detectó los dispositivos y de funcionarios que ocupan actualmente los despachos involucrados. En una de esas declaraciones quedó asentado que las cámaras encontradas serían las mismas a las mencionadas en la denuncia de 2019.
Derivaciones políticas y causa abierta
En paralelo al avance judicial, el episodio derivó en un fuerte cruce político. El actual secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, reclamó públicamente explicaciones al ex gobernador y actual senador nacional Gustavo Bordet y al propio Kueider por la falta de información durante la transición de mando. Para el funcionario, que los dispositivos correspondan a una gestión anterior es “doblemente grave”, ya sea por conocimiento previo o por falta de control.
Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que, incluso si el entonces Gobernador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de las cámaras, ello también configuraría una irregularidad seria. En ese marco, aseguraron que el gobierno sigue de cerca la evolución del expediente.
Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel en diálogo con Radio con Vos habló al respecto y dijo que fue una puesta en escena del gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio para no hablar de los problemas que tienen en la provincia.
Aunque la Justicia descartó la hipótesis de espionaje activo durante la actual gestión, la investigación permanece abierta. El foco ya no está puesto únicamente en si alguien espió, sino en cómo, por qué y bajo qué controles quedaron dispositivos de vigilancia dentro de despachos oficiales, en un episodio que vuelve a poner bajo la lupa las zonas grises del poder y los mecanismos de control.
