Con un procesamiento penal confirmado y una orden de restricción que le impide contactar a su propio personal, el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa Pablo Díaz Lacava expuso su descargo ante la Comisión de Acusación. El Consejo deberá definir ahora si avanza hacia su eventual destitución.
En un paso decisivo para su futuro institucional, el juez Pablo Ramiro Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa (La Pampa), compareció este martes ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. La audiencia, presidida por al consejero Alberto Maques y de la que participaron también los consejeros César Grau, Gonzalo Roca y el diputado Álvaro González -quien actúa como instructor de la causa-, marcó el cierre de la etapa de defensa del magistrado en el expediente disciplinario que podría derivar en su juicio político.
El acto se dio por levantado tras la presentación del juez y su abogado defensor Andrés Gil Domínguez, en un contexto de tensión institucional inédito: Díaz Lacava llegó a esta instancia con un procesamiento penal confirmado por la Cámara y una orden judicial de restricción de acercamiento que le prohíbe el contacto con los empleados de su propio juzgado.
Un escenario de gravedad institucional
La citación, enmarcada en el artículo 20 del reglamento, tuvo como objetivo que el magistrado brindara explicaciones sobre las acusaciones de mal desempeño en sus funciones. El expediente principal (N.º 44/2023) y sus acumulados investigan si las conductas del juez configuran causales de remoción.
Los cargos formulados por la Comisión son contundentes: se le imputa «ejercer el cargo de magistrado de la Nación con graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro, y por haber ejercido violencia y acoso laboral y violencia contra la mujer».
La situación del juez es crítica no sólo por el proceso disciplinario, sino por su frente penal. Díaz Lacava fue procesado el 11 de noviembre de 2024 por los delitos de amenazas y lesiones, sumándose luego la imputación por violencia de género. Este procesamiento describe un «patrón de hostigamiento, intimidación y abuso de autoridad» que ha tenido un impacto directo en la salud física y psíquica de las víctimas.
Violencia, piedras y denuncias cruzadas
La causa se originó el 20 de abril de 2023, a partir de una denuncia penal realizada por los tres secretarios del Juzgado Federal de Santa Rosa, a la que posteriormente adhirieron los jueces de Cámara José Triputti y Marcos Aguerrido.
El dictamen acusatorio recopila 27 declaraciones testimoniales e informes de cuerpos médicos y de protección a la víctima que describen un ambiente de trabajo tóxico. Entre los hechos más alarmantes que figuran en el expediente, se destaca un episodio de violencia física explícita: el arrojamiento de una piedra desde la vía pública contra una ventana de un primer piso donde se encontraba personal judicial trabajando.
A pesar de las medidas cautelares vigentes, que incluyen la prohibición de coincidir o interactuar con los empleados denunciantes, se ha reportado que el hostigamiento no ha cesado. Recientemente, una de las víctimas realizó una nueva presentación ante la Fiscalía alegando que la persecución por parte del magistrado continúa.
El descargo de Díaz Lacava
En su presentación ante el Consejo de la Magistratura, el juez rechazó de manera categórica las acusaciones en su contra y sostuvo que no cometió delitos ni incurrió en conductas reprochables. Su estrategia defensiva se apoyó en tres ejes centrales: la negación de los hechos denunciados, la reinterpretación de los episodios como conflictos laborales o malentendidos, y la exhibición de pruebas que -según afirmó- acreditan vínculos cordiales y de confianza con los denunciantes en fechas contemporáneas a los supuestos episodios de violencia.
A lo largo de su descargo, el magistrado abordó punto por punto cada una de las imputaciones formuladas en su contra.
Negación de delitos y encuadre como conflicto laboral
El juez sostuvo que las denuncias no responden a hechos de corrupción ni a situaciones de acoso sexual, sino a un conflicto laboral interno con integrantes del tribunal. Afirmó que nunca fue advertido formalmente por sus colegas sobre supuestas conductas inapropiadas y calificó las acusaciones como “inexactitudes”, que -aseguró- pueden ser refutadas mediante documentación reservada y comunicaciones privadas.
Respuesta a los hechos denunciados
En relación con los episodios concretos que motivaron la denuncia, el magistrado dio su versión de los hechos:
- Allanamiento por el sillón y la computadora: calificó la medida como injustificada. Explicó que el sillón había sido cedido por el secretario Rodríguez Verdier con autorización de su propietaria, Mónica Fernández, y que la computadora mencionada ya había sido reintegrada al tribunal dos meses antes del procedimiento.
- El incidente de la piedra: reconoció haber arrojado una pequeña piedra cerca de un secretario en 2021, pero lo describió como una “broma impropia”, sin intención de causar daño. Aseguró que pidió disculpas al personal policial y remarcó que el episodio quedó superado, al punto de que un mes después se ofreció a trasladar de vacaciones al hijo del funcionario involucrado.
- Supuesto maltrato a una empleada lactante: negó haberla maltratado o encerrado. Señaló que su enojo estuvo dirigido a los secretarios por no haberle proporcionado un espacio adecuado para trabajar, y no hacia la empleada.
- El retiro del televisor: rechazó haber actuado de manera violenta. Indicó que el aparato era un efecto decomisado en una causa de narcotráfico y que había sido instalado de forma irregular en la guardia policial para ver partidos de fútbol, motivo por el cual ordenó su retiro y resguardo.
- El crucifijo: negó haberlo descolgado o arrojado. Subrayó que profesa la fe católica, que sus hijos asisten a una escuela confesional y que el objeto continúa en el mismo lugar.
- Supuesto encierro de funcionarios: descartó haber privado de la libertad a dos secretarios y argumentó que la disposición física del tribunal -con paredes de vidrio y cercanía de otros despachos- hace imposible que un hecho de esa naturaleza ocurra sin ser advertido por otros jueces.
Cuestionamientos al relato de los denunciantes
El juez puso especial énfasis en la continuidad de las relaciones personales y laborales con quienes lo denunciaron. Señaló que mantenía con ellos un trato “fraternal” y “amical”, con encuentros sociales, cenas familiares, viajes compartidos y gestos de ayuda personal posteriores a los supuestos episodios de violencia.
En ese sentido, cuestionó cómo podría sostenerse una conducta violenta sistemática si uno de los secretarios le confió el traslado de su hijo a la Costa. También recordó que propuso la renovación del contrato de la relatora Erica Zallok y elogió su desempeño profesional meses después de los hechos que ella habría denunciado.
Ausencia de pruebas y testigos independientes
Otro de los ejes de la defensa fue la falta de evidencia objetiva. El magistrado destacó que no existen grabaciones de gritos o agresiones, pese a que todos los involucrados contaban con teléfonos celulares. También señaló que el tribunal es un espacio abierto, con eco, y que ninguna otra persona -fuera de los denunciantes- afirmó haber escuchado los supuestos episodios.
Asimismo, remarcó que el personal policial y de maestranza, que no tendría interés directo en el conflicto, no corroboró las versiones presentadas en su contra.
Supuestas maniobras internas
Finalmente, el juez sugirió que las denuncias responden a disputas internas de poder dentro del tribunal. Mencionó desacuerdos por nombramientos, como el de la prosecretaria Valeria Benavídez, y acuerdos entre jueces y secretarios realizados a sus espaldas. También sostuvo que su exigencia de avanzar con la realización de juicios orales generó resistencias e incomodidades en el ámbito laboral.
El futuro del magistrado
El consejero instructor Álvaro González ha sostenido que la prueba reunida es suficiente y que el magistrado ha ejercido plenamente su derecho a defensa. Tras la audiencia de este martes, el Consejo de la Magistratura deberá evaluar si la permanencia de Díaz Lacava en el cargo es compatible con los estándares de idoneidad y decoro exigidos a un juez federal.
Con el pedido de elevación a juicio oral en la causa penal a punto de salir, el organismo constitucional se enfrenta a la decisión de avanzar hacia una acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento, lo que implicaría la suspensión del juez mientras se tramita su posible destitución.
