El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, rubricó el convenio con el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia. La medida establece un período de transición de 180 días, mantiene los conflictos sindicales en la órbita federal y requiere la ratificación del Congreso para su entrada en vigencia.
En un movimiento de alto impacto político e institucional, el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizaron este lunes el acuerdo para la transferencia de la Justicia Laboral al ámbito porteño. El convenio, firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, busca dar cumplimiento al mandato constitucional de autonomía de la Ciudad, aunque abre un nuevo frente de conflicto con sindicatos y magistrados.
La firma se produce tras la publicación del Decreto 95/2026, mediante el cual el presidente Javier Milei delegó expresamente en Adorni la facultad de negociar y suscribir este traspaso, con el objetivo de destrabar un conflicto estructural que se arrastra desde 1994.
Qué dice la letra chica del acuerdo
El documento, titulado “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral”, establece que la Ciudad asumirá la competencia plena sobre los conflictos individuales del trabajo. Sin embargo, el texto traza una línea roja clara: quedan excluidos del traspaso los conflictos colectivos de trabajo, las negociaciones paritarias y las cuestiones vinculadas a la Ley de Asociaciones Sindicales, que seguirán bajo la órbita de la Justicia Federal.
Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la Cláusula Novena, que dispone el cierre inmediato de los juzgados del trabajo y la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que se encuentren vacantes. Según el Anexo I del documento, esto implica la disolución de una treintena de juzgados nacionales (incluyendo los N° 2, 5, 7, 9, entre otros).
Cómo será la transición
El sistema diseñado prevé un esquema de corte tajante para evitar el colapso:
• Causas viejas: La Justicia Nacional del Trabajo continuará tramitando exclusivamente las causas iniciadas antes de la puesta en marcha del nuevo fuero local hasta su finalización.
• Causas nuevas: A partir de los 180 días de la entrada en vigencia del acuerdo (o cuando la Ciudad lo notifique), todas las nuevas demandas laborales se radicarán exclusivamente en el nuevo Fuero del Trabajo de la CABA.
• Indemnidad: Nación y Ciudad acordaron mantenerse indemnes mutuamente por reclamos derivados del ejercicio de sus competencias.
El filtro del Congreso y la resistencia gremial
Pese a la firma de Adorni y Tapia, el traspaso no es automático. La Cláusula Décima estipula que el acuerdo sólo entrará en vigencia una vez que sea aprobado tanto por el Honorable Congreso de la Nación como por la Legislatura de la Ciudad.
Este requisito legislativo anticipa una batalla política compleja. Desde el oficialismo remarcan que “no hay traspaso sin ley del Congreso”. Sin embargo, el contexto es “caliente”: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) ya manifestó su rechazo, advirtiendo sobre los riesgos para la independencia judicial y la integridad del fuero. Sus autoridades, encabezadas por Andrés Fabián Basso, han mantenido reuniones con senadores, como Patricia Bullrich, para frenar la iniciativa.
El Gobierno porteño, por su parte, se comprometió a llevar a cabo de manera inmediata los concursos para cubrir cargos de jueces y fiscales en su nuevo fuero laboral, buscando garantizar la operatividad del sistema en el plazo estipulado de seis meses.
Con este acuerdo, la administración de Milei busca cerrar una disputa histórica, redefinir el rol del Estado nacional en la justicia y enviar una señal política en medio del debate por la modernización laboral. La última palabra, ahora, la tendrá el Parlamento.
