El Presidente delegó en su Jefe de Gabinete la negociación política e institucional para transferir el fuero laboral nacional a la Ciudad. La decisión, formalizada por decreto, reactiva una disputa histórica y se da en plena discusión de la reforma laboral en el Congreso.
El presidente Javier Milei dio un paso decisivo en uno de los debates más sensibles del mapa judicial argentino: el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hizo al delegar en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de negociar y suscribir el acuerdo de transferencia con el gobierno porteño, una decisión que concentra poder político y acelera una discusión largamente postergada.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 95/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona, que autoriza expresamente a Adorni a representar al Estado nacional en las tratativas con la Ciudad, incluyendo la posibilidad de firmar convenios complementarios o modificaciones al acuerdo principal. El texto aclara, no obstante, que cualquier entendimiento deberá ser remitido al Congreso de la Nación para su aprobación, conforme lo exige el marco constitucional.
Un movimiento político con alto voltaje institucional
La delegación no es un dato menor. Milei eligió a uno de sus hombres de máxima confianza para encarar una negociación que combina impacto judicial, tensión política y sensibilidad sindical. El traspaso de la Justicia Laboral -uno de los fueros con mayor volumen de causas y fuerte tradición protectoria- se inscribe, además, en la estrategia oficial de reordenamiento del sistema laboral y de redefinición del rol del Estado nacional en la administración de justicia.
Desde el entorno presidencial destacan que la decisión apunta a destrabar un conflicto estructural que se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad obtuvo autonomía política y la potestad de organizar su propio Poder Judicial. Pese a ello, la Justicia Nacional del Trabajo continuó funcionando bajo la órbita nacional, una situación que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación calificó en distintos fallos como transitoria.
El antecedente porteño y el freno judicial
El conflicto tomó nuevo impulso en los últimos meses, cuando la Legislatura de la Ciudad sancionó las leyes 6.789 y 6.790, que reorganizan la justicia laboral local y aprueban un nuevo Código Procesal del Trabajo. Sin embargo, ese avance fue frenado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que consideró que la Ciudad no podía asumir unilateralmente competencias judiciales sin un acuerdo formal con la Nación.
Es en ese punto donde aparece el decreto presidencial: habilitar la negociación política que hasta ahora faltaba y canalizar institucionalmente un proceso que, sin acuerdo interjurisdiccional, estaba condenado al conflicto permanente.
Reforma laboral, sindicatos y Congreso
La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto político particularmente caliente. Esta semana, el Senado comenzará a debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno, una iniciativa que ya generó un fuerte rechazo de las centrales sindicales y de sectores de la oposición. En ese escenario, el traspaso del fuero laboral aparece para muchos actores como una señal política adicional del rumbo que busca imprimir la administración Milei.
Desde el oficialismo insisten en que el decreto no implica una transferencia automática de la Justicia Laboral, sino que establece el marco para negociar. “No hay traspaso sin ley del Congreso”, remarcan. Del otro lado, gremios y asociaciones de magistrados advierten que cualquier cambio en el fuero laboral debe garantizar independencia judicial, continuidad de los expedientes y acceso efectivo a la justicia para los trabajadores.
Cabe mencionar que la semana pasada en el marco del debate parlamentario por el proyecto de Ley de Modernización Laboral, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) intensificó sus gestiones institucionales y volvió a manifestar su preocupación por el impacto que la iniciativa podría tener sobre la integridad del fuero laboral y rechazó un eventual traspaso.
Según informó la entidad, el presidente de la Asociación, Andrés Fabián Basso, junto a la vicepresidenta y jueza laboral María Elena López, mantuvieron una reunión con la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Patricia Bullrich, con el objetivo de exponer la postura del sector judicial frente al proyecto que actualmente se encuentra en trámite en la Cámara alta.
Con la lapicera delegada, Adorni queda ahora al frente de una negociación compleja, que deberá articular intereses políticos, jurídicos y presupuestarios. El resultado no sólo definirá dónde y cómo se tramitan los conflictos laborales en la Ciudad, sino que también marcará un precedente clave sobre el alcance de la autonomía porteña y el rol del Estado nacional en la administración de justicia.
