Por Luis Gasulla
Quince años después la causa por malversación de fondos públicos, conocida como Sueños Compartidos, llega a juicio oral y público el próximo 4 de marzo. ¿Qué probó la justicia y por qué el mayor de los hermanos Schoklender intentará frenar el juicio?
Tras un arduo trabajo y, a siete meses de caerse la causa, la fiscal Paloma Ochoa consiguió el reconocimiento por su trabajo. Finalmente, la causa Sueños compartidos, el programa de construcción de viviendas e inclusión social más ambicioso del kirchnerismo, llegará a juicio oral y pública.
Se juzgará el delito de Administración Fraudulenta, no así la figura de asociación ilícita que no fue aceptada por la justicia. No será juzgada, la procesada Hebe de Bonafini, ex titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, por razones obvias: falleció esperando el juicio. Es que en la causa Sueños Compartidos pasaron cosas insólitas. Procesados que se negaban a presentarse en tribunales, medidas de prueba que se demoraron años y presiones del poder político para evitar sentar en el banquillo de los acusados a un símbolo de los derechos humanos como Bonafini que, en su momento, estuvo asesorada por abogados recomendados por el ex minsitro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Por todo ello, la defensa de Sergio Schoklender, el mayor de los hermanos y quien manejó la firma privada Meldorek SA en la que se tercerizaron fondos del programa Sueños Compartidos, pedirá retrasar el inicio del juicio. Tiene lógica. Hay medidas de prueba incorporadas a último momento que no fueron leídas por las partes y otras tantas que no fueron tomadas por el Tribunal Oral Federal N° 5 conformado por Paolotti, Grumberg y Obligado.
Por otra parte, el capítulo vinculado con el delito de lavado de activos se tratará en una segunda etapa de la causa.
En concreto, la justicia investigó un faltante del 23,54% del presupuesto asignado a Sueños Compartidos, algo más que el famoso diezmo que siempre se menciona en el manejo de la obra pública.
Sueños Compartidos fue la excusa perfecta para hacer política partidaria en todo el país y promocionar la candidatura de Cristina 2011 tras el luto prolongado con su difunto esposo. Los Schoklender recuerdan que, con fondos públicos, se financiaron más actos políticos que la naciente organización La Cámpora y Hebe de Bonafini fue fundadora de «Las Cristinas» otra organización de mujeres que apostó por la reelección de Cristina Kirchner antes que nadie.
Cerca de Schoklender aseguran que los fondos desviados de la construcción de viviendas, surgió en el desmanejo de la fallecida Bonafini que «quería contentar a Cristina en todo» y bancaba actos políticos de la plata de los que menos tienen. Se trata de más de 100 millones de pesos del año 2011, unos 30 millones de dólares. El programa llegó a manejar más de 1260 millones de pesos, pero se comprobó que fueron utilizados en las casas «de telgopor» por 750 millones de pesos. El método constructivo lo habían traído los Schoklender de la firma italiana Emmedue que no utiliza los paneles de concreto de una propiedad tradicional.
La Justicia involucró en la causa al ex secretario de Obras Públicas de los gobiernos de Néstor y Cristina, José Francisco López y al ex funcionario Abel Fatala, entre otros. También se sentarán en el banquillo de los acusados el ex contador de Sergio Schoklender, Alejandro Gotkin y un grupo de prestanombres de cooperativas vinculadas con el sector agropecuario. Millones de pesos del plan terminaban en cooperativas recibían los fondos con el fin de desviar los fondos. La operatoria se realizaba a través de dos financieras ubicadas en el microcentro porteño vinculadas al ex Ministerio de Planificación Federal.
La causa tiene sus puntos flojos: sólo aparecen entre los acusados ex funcionarios de la provincia de Santiago del Estero, lugar donde se desarrollaron dos emprendimientos de Sueños Compartidos y un ex funcionario de Capital Federal, Claudio Freidín. Evitaron el juicio oral los ex funcionarios de municipios como Almirante Brown, Ezeiza y Tigre y de provincias como Chaco, distrito que recibió más de 430 millones de pesos del programa, o sea, la tercera parte del mismo.
Hay personajes de esta historia que aparecen en la causa y no son recordados. Es el caso de Miriam Aquino, una referente de Villa El Cartón, un asentamiento que surgió tras un incendio en Soldati, Ciudad de Buenos Aires, en la que murió una persona. Se firmó una ley por la que recibirían una casa a través del Instituto de la Vivienda, IVC. Ese convenio luego se modificó por otro con el Ministerio de Planificación de De Vido por más de 120 millones de pesos. La titular de la cooperativa, Aquino, jamás lo firmó pero su autorización apareció en el convenio. Se probó que le adulteraron la firma en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Sabían todos. Es que el ex jefe de Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, no quería firmar un convenio directamente con Bonafini. A la mujer, casi la prenden fuego viva en el barrio cuando corrieron la bola que la plata de las viviendas se la había quedado ella.
Aquino fue una de las denunciantes claves para que la causa Sueños Compartidos llegue a juicio oral. Su nombre no es conocido por casi nadie y no estará presente en los medios. Es una de las víctimas del sistema de corrupción que espera el comienzo del juicio contra los que usaron la noble bandera de los derechos humanos para hacer negocios privados.
