El presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra, en conjunto con el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, solicitó asistencia consular y diplomática para Agostina Páez, quien se encuentra sometida a un proceso penal en Río de Janeiro bajo condiciones que las entidades denuncian como “arbitrarias”.
En una acción coordinada para proteger el ejercicio profesional y los derechos humanos de sus matriculados en el exterior, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), presidido por Ricardo Gil Lavedra, presentó este viernes un reclamo formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para exigir asistencia inmediata a Agostina Páez, una abogada argentina detenida en Brasil.
La letrada, oriunda de la provincia de Santiago del Estero, fue filmada el 14 de enero realizando gestos interpretados como racistas hacia empleados de un bar. Según su versión, se trató de una reacción a provocaciones previas. La Policía Civil dio por concluida la investigación el 23 de enero al considerar suficiente el video aportado por los denunciantes. Posteriormente se difundió otra grabación en la que se observa a un mozo gritándole en la vía pública y realizando gestos obscenos, material que motivó una denuncia de la defensa para que se investigue la conducta del empleado.
Páez fue trasladada a una sede de la Policía Civil de Río de Janeiro tras ordenarse su prisión preventiva. Horas después, la medida fue revocada y la abogada regresó al departamento donde cumple las restricciones judiciales. Actualmente permanece con tobillera electrónica, debe residir en el mismo domicilio y tiene prohibido salir de Brasil. También deberá presentarse una vez por mes ante la Justicia local, entre el 1 y el 10 de cada mes, mientras la causa sigue en trámite.
Según las denuncias recibidas por las entidades profesionales, Páez enfrenta un proceso penal en el que no se estarían garantizando las condiciones mínimas del debido proceso, habiéndose calificado su detención como “injusta y arbitraria”.
Pedido a la Cancillería: “Medidas desproporcionadas”
A través de una misiva dirigida al canciller Pablo Quirno Magrane, Gil Lavedra solicitó que se arbitren los mecanismos diplomáticos necesarios para que el Consulado argentino en Río de Janeiro intervenga de oficio.
El pedido se fundamenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley del Servicio Exterior, exigiendo que el Estado garantice el derecho de defensa y el acceso a la justicia de la ciudadana argentina.
“Pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas”, declaró Gil Lavedra sobre el caso. El objetivo principal de la gestión es lograr que la abogada “pueda retornar al país sin perjuicio de la prosecución de las actuaciones judiciales”.
Alerta desde Santiago del Estero
El caso cobró relevancia nacional tras el pedido de auxilio del Dr. Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero. En su comunicación con sus pares porteños, Miguel advirtió sobre la gravedad de la situación, señalando una “falta de adecuado control judicial sobre las imputaciones” y la “imposibilidad de mantener contacto regular con su familia”, lo cual agrava la situación personal y profesional de la colega.
La entidad santiagueña denunció que la privación de libertad de Páez ha “excedido un margen de razonabilidad”, vulnerando derechos fundamentales reconocidos por estándares internacionales. Asimismo, recordaron como antecedente cercano la defensa institucional realizada por el abogado Germán Darío Giuliani, quien había sido detenido en Venezuela, marcando una línea de continuidad en la defensa de los letrados argentinos en el extranjero.
Cooperación internacional con la OAB
En paralelo a la vía diplomática, el CPACF activó los canales de cooperación institucional entre colegios de abogados. Gil Lavedra envió una comunicación oficial a la Dra. Ana Tereza Basilio, presidenta de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) – Sección Río de Janeiro.
En la carta, se apela a los “valores compartidos” y a la solidaridad institucional para solicitar la colaboración de la entidad brasileña. El objetivo es que la OAB local supervise que el proceso contra Páez respete las garantías constitucionales, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa.
“Confiamos en la importancia del accionar diplomático y consular del Estado Argentino en la protección de sus ciudadanos”, concluyeron las autoridades, esperando que las gestiones permitan la pronta liberación de la abogada y su regreso seguro a la República Argentina.
