El Tribunal Oral Criminal Federal 5 juzgará el presunto desvío de más de 200 millones de pesos de los fondos estatales que la fundación “Madres de Plaza de Mayo” recibió durante años para la construcción de viviendas populares que no se terminaron. Entre los acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, Julio de Vido y José López.
En el Salón de Usos Múltiples (SUM) ubicado en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py, comenzará mañana a las 9 el postergado debate oral sobre el dinero que la Fundación “Madres de Plaza de Mayo” desvió hacia cuentas, personas y empresas vinculadas al programa de construcción de viviendas “Sueños compartidos”, pero ajenas a su finalidad original: paliar el déficit habitacional de los sectores menos favorecidos, en distintos puntos del país.
La causa se inició en 2011 con una denuncia acerca de las irregularidades en las que habría incurrido la entidad entonces presidida por Hebe de Bonafini, quien fue imputada en esta causa, pero falleció en noviembre de 2022. El primer instructor fue el titular en aquella época del Juzgado Federal 5, Norberto Oyarbide, apartado más tarde por su lentitud y por las dudas sobre su imparcialiodad. En 2019 Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Federal 8, cerró las actuaciones y las envió a juicio.
Desde entonces no faltaron los planteos de nulidad, los pedidos de pericias y las cuestiones técnicas que llevaron al expediente al borde de la prescripción, ya que en septiembre de este año se cumplirán 6 años desde el requerimiento de elevación a juicio, plazo que coincide con el máximo de la pena por defraudación en perjuicio de la administración pública, por el que llegan a esta instancia los imputados. Un segundo juicio deberá tener lugar en el futuro por la segunda parte de la investigación: el presunto lavado de activos.
Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg prefirieron evitar la prescripción por el perjuicio al Estado, llevar la causa a juicio y, una vez juzgado el supuesto “delito precedente”, abocarse al lavado.
¿Quiénes son los imputados?
Como un elenco repetido en diferentes causas por presunta corrupción, están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, preso por su participación en la “Tragedia de Once”; su secretario de Obras Públicas, José López, privado de su libertad en el marco de “Vialidad”; Carlos Castellano, funcionario del área; el subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
¿Por qué los gobernadores e intendentes de las sedes de las fallidas obras del programa no se cuentan entre los imputados? Porque en la elevación a juicio Martínes de Giorgi fue categórico al manifestar que los fondos “provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”. No había opción.
La acusación en el juicio estará a cargo del fiscal Diego Velasco, quien deberá probar que de los 748 millones de pesos girados por el Estado a Bonafini y los Schoklender, al menos 206.438.454 terminaron en inmuebles fastuosos, cuentas en el extranjero, empresas privadas, en detrimento de la inversión en las viviendas que originaron el programa “Sueños compartidos”.
