Por razones formales la Corte Suprema rechazó un recurso de queja de una de las policías acusadas de haber detenido ilegalmente, torturado y asesinado en 2014 al albañil de 22 años Franco Casco.
Franco Casco era un albañil que en 2014 tenía 22 años y vivía en Florencio Varela. En septiembre de ese año viajó a Rosario para visitar a su tía. Después de una semana decidió regresar pero nunca llegó a la estación y 24 días más tarde su cadáver fue encontrado en el río Paraná con signos de haber sido asfixiado y luego arrojado al agua.
La investigación determinó que fue interceptado, detenido y trasladado ilegalmente a la seccional 7ª, sin dejar constancia en los registros. Fue ingresado a un calabozo denominado “la jaulita” por supuesta averiguación de antecedentes y, según la fiscalía, allí fue sometido a torturas: golpes, patadas, baldazos de agua, amenazas y asfixia.
Testigos que declararon en el juicio oral lo escucharon gritar, quejarse y pedir ayuda. “No seas marica, te vamos a moler a palos”, o “hacete el vivo ahora, que no te salva nadie”, le habrían dicho los policías que se ensañaron con él.
Pese a que el fiscal del caso, Fernando Arrigo, había pedido prisión perpetua para 14 de los acusados, penas menores para otros cuatro por considerarlos partícipes secundarios y una absolución, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 de Rosario -integrado por Omar Paolucci, Eugenio Martínez Fererro y Ricardo Vázquez- absolvió a 19 policías.
La fiscalía apeló y la Sala I de la Cámara Federal, por unanimidad, hizo lugar a los planteos del Ministerio Público y de la querella y ordenó dictar una nueva sentencia.
La defensa de una de las implicadas, Belkis Elizabeth González, señalada como participe secundaria del delito de desaparición forzada de personas agravada por la muerte de la víctima, llegó a la Corte Suprema con un recurso extraordinario en queja, pero la presentación fue desestimada por no cumplir con los lineamientos que rigen el modo en que deben presentarse los escritos ante el máximo tribunal.
