Durante la sesión de este miércoles en el Senado tomó estado parlamentario el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal.
El expediente había sido enviado por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia, luego de que el camarista solicitara la prórroga en su cargo. El paso dado en el recinto habilita ahora el tratamiento en la Comisión de Acuerdos y, eventualmente, su discusión en el pleno.
Carlos Mahiques cumplirá 75 años en noviembre próximo, la edad límite establecida por la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura. Sin embargo, el artículo 99 inciso 4 prevé que, al alcanzar ese umbral, los jueces pueden ser nuevamente nombrados por períodos de cinco años con acuerdo del Senado, un mecanismo que el Gobierno decidió activar de manera anticipada.
Un trámite con antecedentes recientes
El ingreso formal del pliego en el Senado es la continuidad de una estrategia que el Gobierno había puesto en marcha a comienzos de febrero, cuando el presidente Javier Milei solicitó la renovación del acuerdo para que Mahiques permanezca en el máximo tribunal penal del país.
En aquel momento, la Casa Rosada justificó el envío anticipado para evitar que el magistrado cese automáticamente en sus funciones al alcanzar la edad límite, y destacó la necesidad de sostener la integración de la Cámara de Casación en un contexto de vacantes y tensiones en el sistema judicial federal.
El trámite, además, se inscribe en una práctica institucional ya consolidada: cada vez que un juez federal supera los 75 años, su continuidad depende de un nuevo acuerdo del Senado, que puede renovarse sucesivamente por períodos de cinco años.
Casación, un tribunal clave en el mapa judicial
La discusión sobre la permanencia de Mahiques adquiere un peso específico por el rol estratégico de la Cámara Federal de Casación Penal, última instancia antes de la Corte Suprema en materia penal.
El magistrado integra ese tribunal desde 2018 y ha participado en decisiones de alto impacto institucional, desde causas de lesa humanidad hasta expedientes vinculados con corrupción, narcotráfico y delitos complejos.
En ese marco, su continuidad no sólo implica una definición sobre una trayectoria individual, sino también sobre el equilibrio interno de un tribunal clave para el funcionamiento del sistema penal federal.
El Senado deberá ahora definir si otorga un nuevo acuerdo que le permita continuar por otros cinco años en el cargo. Con el expediente ya en marcha, el debate quedó oficialmente abierto.
