La Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que le había negado a una madre el amparo con el que reclamaba una educación inclusiva para su hija adolescente, y ordenó que se dictara un nuevo fallo “con la premura que el caso amerita”.
La mujer había demandado al Consejo General de Educación (CGE) entrerriano para que cesara la negativa a garantizarle a su hija el derecho a una educación inclusiva y que se implementara un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), un plan diseñado a la medida de la adolescente para que pudiera completar su trayectoria escolar según la normativa vigente.
El juez de primera instancia le dio la razón y le fijó al CGE veinte días corridos para elaborarlo, porque las alternativas que ofrecía el Estado, como una escuela especial o cursar pocas materias de forma aislada, no estaban pensadas para la situación particular de la joven.
Ante esa decisión, la provincia apeló y el Superior Tribunal revirtió esa decisión: consideró que ya había un procedimiento administrativo en trámite y que la madre había optado por esa vía, lo que dejaba fuera el camino del reclamo judicial hasta que el anterior se agotara.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en que ese razonamiento fue un “exceso ritual manifiesto”. El trámite, señalaron, no lo había iniciado la madre, no era contencioso y estaba concluido: las propias autoridades habían dejado constancia de que ya habían presentado todas las propuestas del sistema educativo entrerriano en Rosario del Tala.
Rosatti y Rosenkrantz, quienes votaron juntos, afirmaron que los jueces “tenían el deber de actuar con premura” y no detenerse en formalismos que le impidieran a la actora acceder a la justicia, y recordaron que el artículo 43 de la Constitución Nacional garantiza una “acción expedita y rápida de amparo” cuando no hay otro medio judicial más idóneo.
Lorenzetti votó por separado pero en el mismo sentido: sostuvo que el derecho a la educación “no puede ser una mera declaración” y que frustrar su aplicación efectiva provoca “una pérdida de confianza en las instituciones”.
