La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal decidió que le corresponde intervenir en la causa en la que la Unión de Empleados Judiciales cuestionó la constitucionalidad del traspaso de los tribunales del trabajo a la ciudad de Buenos Aires, como parte de la ley de modernización laboral.
La decisión se tomó como respuesta a una pretensión del Estado Nacional que había reclamado que la causa saliera de la órbita de la justicia laboral, donde hace 10 días un juez resolvió cautelarmente la suspensión del acuerdo de traspaso que figura en el Anexo I de la ley de modernización laboral.
En su escrito, el Ministerio de Justicia aseguró que existía un “claro impedimento normativo” para la actuación en la causa de la justicia laboral, porque al estar en tela de juicio una decisión del Estado Nacional, normas de derecho público y decisiones gubernamentales, el fuero en el que debería desarrollarse la investigación era el Contencioso Administrativo Federal.
El titular del Juzgado I en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Alonso Reguera compartió ese criterio y planteó la inhibitoria del juzgado laboral que actuó en la causa, sobre la base de que “para resolver el asunto será necesario acudir a principios y normas de derecho público”. El amparo planteado por el sindicato que nuclea a la mayoría de los trabajadores judiciales objetó una nueva organización de la Justicia y un acuerdo en ese sentido entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires, lo que reforzaría la necesidad de que se debatiera en el fuero federal y no en el del trabajo.
¿Puede negarse la justicia laboral?
La inhibitoria planteada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal implica que el titular del Juzgado del Trabajo N 30, Herman Mendel, que ya falló a favor del sindicato, le envíe el expediente para que siga su curso en el nuevo fuero.
Sin embargo, Mendel podría negarse, defender su competencia en la causa y oponerse a remitirla a su colega Alonso Reguera. En ese caso, sería la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que resolvería finalmente cuál de los magistrados continúa tramitándola.
