La familia del abogado argentino detenido en Venezuela denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un cuadro de desaparición forzada, torturas y aislamiento extremo, y pidió medidas urgentes para garantizar su integridad y lograr su liberación.
La familia del abogado argentino Germán Darío Giuliani, junto con el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), dio un paso clave en la internacionalización del caso: presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para proteger su vida e integridad, en medio de denuncias de desaparición forzada, torturas y aislamiento extremo en Venezuela.
El planteo -formulado por el abogado Diego Hernán Armesto en representación de la esposa de Giuliani, María Virginia Rivero, y del FADD- describe una situación de “riesgo extremo” y sostiene que el Estado venezolano incumple obligaciones internacionales básicas en materia de derechos humanos.
Un reclamo que se repite
El caso de Giuliani no es nuevo en la agenda judicial. Como informó oportunamente Quorum, el abogado permanece detenido desde mayo de 2025 en circunstancias nunca aclaradas, sin acceso pleno a su defensa ni información oficial sobre el proceso en su contra.
En aquel momento, tanto el Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBAHRI) como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) ya habían advertido sobre graves violaciones al debido proceso, incluyendo restricciones en la comunicación con su familia y la ausencia de garantías judiciales mínimas.
Ese cuadro, lejos de mejorar, se agravó con el paso de los meses.
Detención, desaparición y acusaciones públicas
Según la presentación ante la CIDH, Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en el estado Anzoátegui. Durante casi dos semanas, su familia no tuvo noticias de su paradero, lo que -según el escrito- configura una desaparición forzada.
Recién después, el régimen venezolano, a través de declaraciones públicas del ministro del Interior Diosdado Cabello, lo acusó de terrorismo y narcotráfico, cargos que la familia rechaza de plano y que considera parte de una estrategia de estigmatización.
La falta de información oficial y la ausencia de imputación formal clara ya habían sido señaladas por su entorno como uno de los aspectos más alarmantes del caso.
Torturas, aislamiento y deterioro
El nuevo escrito incorpora testimonios que describen condiciones de detención extremas. Entre ellos, el del periodista venezolano Ramón Centeno, quien habría compartido celda con Giuliani y relató prácticas sistemáticas de tortura.
Según esa declaración, el abogado argentino fue sometido a golpizas, suspensión por esposas, exposición al frío y aislamiento prolongado, especialmente cada vez que solicitaba asistencia médica o jurídica.
A esto se suma un régimen de incomunicación casi total: llamadas breves, esporádicas y vigiladas, sin posibilidad de visitas familiares ni contacto regular con su defensa. Un patrón que coincide con otras denuncias sobre detenidos extranjeros en Venezuela.
De caso individual a problema diplomático
La situación de Giuliani adquirió mayor relevancia tras la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo en marzo de 2026, luego de más de un año detenido en condiciones similares. Desde entonces, Giuliani quedó como el único argentino privado de su libertad en Venezuela, lo que intensificó la presión diplomática.
En ese contexto, la familia advierte que su condición de ciudadano argentino lo expone a un riesgo adicional: ser utilizado como “ficha de negociación” en un escenario de alta tensión entre ambos países.
El antecedente de otros casos -incluyendo detenciones arbitrarias y denuncias de tortura- ha sido reiteradamente señalado por organismos internacionales como parte de un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Qué se le pide a la CIDH
Frente a este escenario, la presentación solicita a la CIDH que dicte medidas cautelares urgentes para:
- Informar de inmediato el paradero y estado de salud de Giuliani
- Garantizar su integridad física y psicológica
- Permitir asistencia consular, defensa y visitas familiares
- Cesar el aislamiento y las prácticas de tortura
- Avanzar en su liberación inmediata
Un caso testigo
El expediente Giuliani empieza a consolidarse como un caso testigo sobre el tratamiento de ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela y sobre el rol de los organismos internacionales frente a denuncias de desaparición forzada.
Para la comunidad jurídica -que ya había encendido las alarmas meses atrás- el reclamo ante la CIDH marca un punto de inflexión: la disputa deja de ser solo diplomática para ingresar de lleno en el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Lo que está en juego no es sólo la situación individual de un abogado argentino, sino la vigencia misma de garantías básicas que sostienen el Estado de Derecho.
