La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la convocatoria en los términos del artículo 20 del reglamento. El magistrado deberá responder en un plazo de diez días.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió citar al juez en lo comercial Hernán Diego Papa para que preste descargo en el expediente en el que se investigan denuncias por presunto maltrato laboral y abuso de autoridad.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante la primera reunión del año del cuerpo, presidido por César Grau, en el marco de un temario que incluyó más de una veintena de expedientes.
La convocatoria se dispuso bajo el artículo 20 del reglamento, que establece la notificación formal al magistrado denunciado para que pueda ejercer su derecho de defensa frente a las pruebas reunidas en la causa. En ese sentido, el magistrado cuestionado deberá comparecer personalmente o presentar su descargo por escrito dentro del plazo de diez días.
El expediente 62/2023 se inició a partir de una denuncia de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en la que se le atribuyen conductas vinculadas a presunto abuso de autoridad, amenazas, agresión física y maltrato laboral cotidiano.
Durante la reunión también se remarcó la necesidad de avanzar con el trámite ante la proximidad de la caducidad del expediente, lo que motivó el impulso de la citación como una medida clave para evitar el archivo sin resolución.
Del encuentro participaron los consejeros César Grau, Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero, Hugo Galderisi, Luis Juez, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Eduardo Vischi. También estuvieron presentes los diputados y consejeros Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, junto a la académica Fernanda Vázquez.
El caso había sido analizado previamente en la Comisión de Acusación, donde se evaluó la posibilidad de promover un proceso de remoción, pero finalmente fue derivado a la Comisión de Disciplina, ámbito en el que se investigan conductas que podrían derivar en sanciones administrativas.
