El fiscal Navas Rial sostuvo que el juez Diego Amarante no incluyó en el cargo las sumas descontadas de los acuerdos publicitarios de los torneos, lo que redujo los embargos y dejó parte de la maniobra sin investigar.
El fiscal de la causa AFA apeló el procesamiento que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante dictó el 30 de marzo contra la Asociación del Fútbol Argentino y cinco de sus dirigentes –Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina– por retener aportes y contribuciones sin depositarlos en la seguridad social.
En su apelación, Navas Rial sostuvo que el juez excluyó del cargo las sumas que la AFA retuvo de sus contratos de patrocinio publicitario de los torneos y no ingresó al fisco en tiempo y forma. Esas retenciones, según el escrito, son idénticas en su naturaleza jurídica a las que el juez sí incluyó: dinero que pertenece a terceros -clubes, futbolistas y demás trabajadores del sistema- y que la AFA tenía la obligación de transferir al Estado.
Amarante entendió que la denominación “autorretención”, usada en el decreto que regula el régimen especial del fútbol profesional, coloca esas sumas fuera del alcance de la ley penal tributaria. Navas Rial rechazó ese razonamiento: cambiarle el nombre a una retención no cambia su naturaleza ni libera al obligado de depositarla.
“Su exclusión no se debe simplificar en sólo ‘bajar el monto’, sino en una reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación, la cual esta parte no puede permitir”, se lee en la apelación.
Al excluir ese concepto, el juez calculó los embargos sobre un monto menor al real. “El auto de procesamiento debe abarcar todos los extremos con sustento probatorio suficiente, sin exclusiones arbitrarias, y analizar la maniobra como unidad económica y jurídica”, sostiene la fiscalía.
El fiscal pidió a la Cámara Nacional en lo Penal Económico la ampliación del procesamiento y el ajuste de los embargos al total del daño ocasionado. La causa, en la que se investigan retenciones no depositadas por más de 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, tiene pendiente ante el mismo tribunal las apelaciones de los propios imputados, que buscan revertir sus procesamientos.
